Durante el Informe Anual de Actividades 2025 de la magistrada presidenta del Tribunal Superior de Justicia, Erika Beatriz Torres López, el Gobernador Joaquín Díaz Mena destacó que la transformación del Poder Judicial exige jueces independientes, imparciales y sometidos únicamente a la Constitución y a la ley.
El Gobierno del Renacimiento Maya impulsa una nueva etapa para que la justicia se traduzca en resultados concretos y tenga un impacto directo en la vida cotidiana de las familias yucatecas.
Al encabezar la presentación del Informe Anual de Actividades 2025 de la presidenta del Tribunal Superior de Justicia del Estado (TSJE) y del Consejo de la Judicatura, Erika Beatriz Torres López, el Gobernador Joaquín Díaz Mena llamó a avanzar hacia una justicia más cercana, transparente, ágil y humana, que proteja los derechos y responda con eficacia a las necesidades de la ciudadanía.
Durante la sesión solemne, Díaz Mena expresó el respeto del Poder Ejecutivo a la autonomía del Poder Judicial y señaló que el proceso iniciado en junio de 2025, cuando por primera vez la ciudadanía yucateca eligió a personas juzgadoras mediante el voto, debe traducirse en instituciones sólidas, sentencias imparciales y atención digna para quienes recurren a los tribunales.
El Gobernador sostuvo que este proceso exige juezas y jueces independientes, sujetos únicamente a la Constitución y a la ley, y destacó que la rendición de cuentas forma parte de la responsabilidad pública de quienes integran el sistema de justicia.
«Rendir cuentas honra el mandato de la ciudadanía que depositó su confianza en cada una de las personas que imparten justicia en Yucatán, y por eso la felicito a usted y a quienes integran este Tribunal», expresó.
Ante la Presidenta Honoraria del DIF Yucatán, Mtra. Wendy Méndez Naal, Díaz Mena afirmó que la elección popular de las personas juzgadoras no implica subordinación política y reiteró que el Ejecutivo mantendrá una relación de respeto a las atribuciones y decisiones del Poder Judicial.
«La verdadera transformación exige jueces independientes, imparciales y sometidos únicamente a la Constitución y a la ley. Este gobierno respeta y respetará siempre la autonomía del Poder Judicial, porque un juez que decide con libertad es la mejor garantía que tiene una familia yucateca que acude a un tribunal», afirmó.
Asimismo, señaló que los poderes del Estado tienen atribuciones distintas, pero pueden mantener mecanismos de coordinación institucional en aquellos asuntos que contribuyan a mejorar la impartición de justicia y la atención a la ciudadanía.
«Este Tribunal encontrará siempre en el Gobierno del Renacimiento Maya, que me honra encabezar, una puerta abierta para colaborar, cada poder desde su ámbito, en todo aquello que fortalezca la impartición de justicia», señaló.
Díaz Mena indicó que la ciudadanía espera que los cambios en la integración del Poder Judicial se reflejen en una justicia más cercana, transparente, ágil y humana, así como en instituciones capaces de responder con eficacia a las necesidades de quienes acuden a ellas.
El mandatario estatal también reconoció el proceso de transformación institucional promovido a nivel nacional por la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y señaló que la discusión sobre el sistema judicial ha colocado en el centro la necesidad de acercar la justicia a la ciudadanía.
Al referirse al contexto histórico y cultural de Yucatán, el Gobernador señaló que el desafío de esta nueva etapa consiste en construir instituciones de justicia cercanas, humanas y capaces de responder con integridad a las necesidades de la población.
Díaz Mena agregó que, después de este primer periodo de trabajo, corresponde demostrar que la nueva forma de integración del Poder Judicial puede reflejarse en una manera distinta de ejercer el servicio público, mediante decisiones imparciales, trabajo institucional y respeto al Estado de derecho.
«Magistrada presidenta, magistradas, magistrados, juezas y jueces: muchas felicidades por este primer año de trabajo. Cuente con este Gobernador y con este gobierno para caminar juntos, cada poder desde su responsabilidad, pero todos al servicio del pueblo de Yucatán», concluyó.
Al presentar el Informe Anual de Actividades 2025, la presidenta del TSJE y del Consejo de la Judicatura, Erika Beatriz Torres López, señaló que los retos actuales de la impartición de justicia requieren coordinación institucional, sensibilidad y un enfoque humano que permita atender las necesidades de la sociedad.
«Porque la justicia no puede ser distante ni ajena a las necesidades de la sociedad; debe sentirse en la vida cotidiana, reflejarse en la protección de los derechos y en la dignidad de cada persona. Estoy segura de que esta visión y este compromiso institucional trascenderán en el tiempo, libres de protagonismos, con la firme convicción de fortalecer el Estado de derecho y garantizar el acceso a una justicia pronta, completa e imparcial», aseveró.
Torres López reconoció la disposición del Gobernador Joaquín Díaz Mena para mantener mecanismos de coordinación entre instituciones y agradeció a las dependencias y entidades estatales que han participado en acciones conjuntas para brindar una atención más oportuna a la ciudadanía.
Durante su informe, la magistrada presidenta presentó las acciones realizadas durante 2025 conforme a los cinco ejes del Plan Estratégico del Consejo de la Judicatura y del Plan General del TSJE 2023-2026: Acceso Incluyente a la Justicia; Modernización e Innovación; Profesionalización, Vigilancia y Disciplina; Gestión Judicial, y Vinculación Institucional.
A la sesión solemne asistieron la presidenta de la Mesa Directiva del Congreso del Estado, diputada Naomi Peniche López; así como las magistradas y los magistrados del Tribunal Superior de Justicia del Estado Jenny Mariana García Brito, Lizette Mimenza Herrera, Mario Castro Alcocer, María Carolina Canto Valdés, Alberto Salum Ventre, Sofía Cámara Gamboa, Patricia Gamboa Wong, Roberto Carrillo Granados, Carolina Muñoz Gasca, Gerardo Chacón Tuyub, Mauricio Tappan Silveira, Claudia Crisol Antonio Mayor, Hernán Vega Burgos y Alan Hernández Conde.
También participaron consejeras y consejeros de la Judicatura; titulares de los poderes judiciales del Estado de México, Nuevo León, San Luis Potosí, Campeche y Quintana Roo; rectoras y rectores de universidades, así como autoridades civiles y militares.
