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Para gobiernos corruptos auditores a modo, Miguel Zogby Cheluja y Renan Sánchez Tajonar cómplices del saqueo a lo largo y ancho del estado, con su respectivo moche

DRC by DRC
9 septiembre, 2026
in QUINTANA ROO
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Para gobiernos corruptos auditores a modo, Miguel Zogby Cheluja y Renan Sánchez Tajonar cómplices del saqueo a lo largo y ancho  del estado, con su respectivo moche

PODER Y CRÍTICA | REDACCIÓN | La Auditoría Superior del Estado de Quintana Roo (ASEQROO), a cargo de Miguel Zogby Cheluja Martínez desde el 1 de septiembre de 2024, enfrenta señalamientos por omisiones en la fiscalización de recursos públicos, posibles conflictos de interés y reclasificación de hallazgos; es un ejemplo de cómo el grupo en el poder traicionó los principios de la Cuarta Transformación de No Mentir, No Robar y no Traicionar al pueblo, son el cáncer que corroe las venas de Morena y que se aferran para seguir devorando el millonario presupuesto de Quintana Roo.

 

Documentos y denuncias de auditores internos, así como reportes de medios locales, apuntan a que no se ha revisado la totalidad de los recursos de dependencias del Poder Ejecutivo y de municipios clave, lo que podría generar responsabilidades administrativas y, en su caso, penales por lo que la maquinaria corrupta desde los sótanos del poder y con apoyo del Poder Legislativo están cuadrando las cuentas ante el inexorable avance de los fundadores de Morena que rescatan el movimiento.

 

Cheluja Martínez, contador público con experiencia previa en corrupción como tesorero municipal de Othón P. Blanco junto a la alcaldesa Yensunni Idalia Martínez Hernández, fue designado por la XVII Legislatura para un periodo de siete años. Desde su llegada, ha delegado formalmente la revisión de la cuenta pública de ese municipio por potencial conflicto de interés, según acuerdos publicados en el Periódico Oficial.

 

Voces jurídicas y críticos señalan que esta delegación a subordinados no elimina la responsabilidad del titular ni garantiza independencia en un organismo que debe fiscalizar alrededor de decenas de miles de millones de pesos anuales. Informes de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) sobre fondos federales de ejercicios anteriores han detectado montos pendientes de aclarar en varios municipios de Quintana Roo, mientras reportes estatales aparecen más limitados o sin el detalle de pliegos de observaciones no solventados.

 

Fuentes internas han indicado a medios locales que auditores de la ASEQROO fueron presionados para convertir Pliegos de Observaciones, documentos que presumen daño o perjuicio a la Hacienda Pública y pueden derivar en denuncias,  en Solicitudes de Aclaración o Recomendaciones de menor gravedad.

 

Un ejemplo citado es la simulación de servicios de mantenimiento de aires acondicionados sin evidencias suficientes, reclasificado como recomendación en lugar de presunto desvío. Esta práctica, según los denunciantes, diluye la gravedad, otorga tiempo a los entes fiscalizados y reduce la posibilidad de sanciones inmediatas.

 

Un ejemplo es la trayectoria de Karym Sabina Valdés Álvarez, actual secretaria particular de Cheluja Martínez, quien figura en documentos como beneficiaria de ayudas sociales de la XVI Legislatura del Congreso del Estado controlado por las huestes verdes. Posteriormente ocupó cargos en el gobierno estatal, incluyendo analista en la Secretaría de Gobierno, y llegó a jefa de departamento en apoyo y asistencia legislativa antes de su posición actual en la ASEQROO.

 

A este persona ligada a Migue Cheluja se le atribuye un salario bruto de aproximadamente 42 mil 150 pesos más un bono equivalente, cifra significativamente superior a la de un auditor regular reportado en nóminas de alrededor de 14 mil pesos.

 

Documentos consultados señalan que tanto ella como el auditor no han presentado sus declaraciones patrimoniales correspondientes a 2026; Cheluja Martínez no habría cumplido con ellas desde su toma de posesión hasta al menos agosto de 2026. Estas omisiones, de confirmarse, contraviene la Ley de Responsabilidades Administrativas y ocurren bajo la supervisión de la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, encabezada por Reyna Valdivia Arceo Rosado.

 

Por otra parte las denuncias de contratos de arrendamiento en el municipio de Othón P. Blanco, bajo la alcaldesa Yensunni Martínez Hernández, se documentó el contrato MOPB-OM-DRM-FAISMUN-CA-01-2023 por arrendamiento de vehículos para supervisión de obra, adjudicado a Maritza Abigail Centeno Ceballos, por 3 millones 562 mil 300 pesos.

 

El desglose incluye tres motocicletas Honda Navi por 214 mil 500 pesos, cuando el precio unitario de mercado rondaba los 28 mil pesos, lo que habría permitido adquirir varias unidades como activos, tres Toyota Hilux por 1 millón 499 mil 400 pesos, una Ram 700 Bighorn por 478 mil 800 pesos, dos Saveiro por 957 mil 600 pesos y un Aveo por 385 mil pesos.

 

Participaron, según los documentos, el entonces Oficial Mayor, el director de obras públicas Jorge Domínguez Urrea y el de recursos materiales Enrique García López.Una auditoría externa de 2019 al ejercicio 2018 ya había detectado pagos excesivos en arrendamientos a la misma empresa durante la administración anterior: una Nissan NP 300 y un Chevrolet Aveo generaron diferencias de cientos de miles de pesos respecto al costo de adquisición.; la continuidad de prácticas similares bajo la actual administración y la falta de denuncias efectivas refuerzan las críticas de simulación y repetición de irregularidades.Adquisiciones recientes y cobertura de la Coordinación de Comunicación.

 

En el ejercicio 2025, la ASEQROO entregó 1 millón 954 mil 832 pesos a Promotora ISPE S.R.L. de C.V., una empresa yucateca constituida en 2017 con capital mínimo, originalmente orientada a muebles de oficina por 400 canastas navideñas a un precio unitario de unos 4 mil 887 pesos, bajo el contrato ASEQROO/035/11/2025.

 

Representada por Emmanuel Francisco Toledo Velázquez, la empresa habría modificado su objeto social previamente. El contrato no habría pasado por el órgano de control interno de manera ordinaria, según reportes.

 

Pero eso no es todo Miguel Cheluja se ha dedicado a soltar todas las irregularidades que se dan en la Coordinación General de Comunicación (CGC), encabezada por Laura Aguilar Loredo desde 2024, donde se señala que de una bolsa de más de 122 millones de pesos para pagos a periodistas y medios en 2024, que de dedican a la guerra sucia contra los funcionarios empresarios y periodistas considerados enemigos del actual régimen,  solo se auditaron alrededor de 91.7 millones hasta inicios de 2026, dejando sin revisar cerca de 31 millones. Auditores habrían detectado pagos indebidos y ausencia parcial de soportes documentales; se acusa de “maquillaje” de casi 31 millones y de presiones para no revelar hallazgos; Aguilar Loredo enfrenta cuestionamientos por declaraciones patrimoniales modificadas y manejo discrecional de presupuestos de publicidad,.

 

Recientemente se ha señalado la realización de un evento en Galerías, en Chetumal, con características de ágape, mobiliario y pantallas, atribuido a recursos públicos y justificado como festejo anticipado del Día del Padre, en el contexto de la inauguración del Mundial. Partidas presupuestales de la ASEQROO incluyen montos elevados para alimentos, viáticos y combustibles.

 

Estos elementos, conflictos de interés documentados, reclasificación de hallazgos, contratos con sobreprecios aparentes, omisiones en fiscalización y declaraciones patrimoniales pendientes, configuran un panorama de debilidad institucional en el principal órgano fiscalizador del estado.

 

En el congreso del estado, las voces opositoras se siguen preguntando quién audita al auditor y qué mecanismos efectivos de control existen cuando las instancias de supervisión y anticorrupción aparecen alineadas al poder que corrompió a Morena y siguen luchando por perpetuarse en el poder, por que la rendición de cuentas exige transparencia plena, solventación de observaciones y, en su caso, investigación de las posibles responsabilidades, porque Miguel Cheluja es ejemplo corrupción e impunidad en el actual gobierno que presume de transparencia y rendición de cuentas.

 

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