PODER Y CRÍTICA | REDACCIÓN | Cuando la Auditoría Superior de la Federación (ASF) detectó anomalías y posibles desfalcos por más de 291 millones de pesos en las cuentas públicas la presidenta municipal con licencia Ana Patricia Peralta de la Peña y colocó al municipio de Benito Juárez entre los tres con mayores irregularidades a nivel nacional, el pueblo nunca se imagino que atrás de esas irregularidades estaban destacados integrantes de la política tabasqueña que gestionaron contratos con la organización criminal La Barredora.
No hay que olvidar que la aspirante a la Coordinación de la Defensa de la Transformación y la Soberanía, es la candidata que enfrenta los más graves señalamientos de corrupción debido a una investigación formal de la Fiscalía General de la República (FGR), además de la indagatoria que los EU tienen sobre su esposo Lucio Galileo Lastra por sus nexos con el grupo criminal de «La Barredora» y de su gabinete y policía con el Cartel de Sinaloa.
Hace unos días, trascendió que la FGR la investiga por presunto desvío de recursos públicos, supuestas operaciones vinculadas al contrabando de hidrocarburos (huachicol fiscal) a través de una empresa llamada Ingemar, S.A. de C.V., y presuntos contactos con personas vinculadas al Cártel de Sinaloa.
Vinculado al escándalo de la FGR, se reportó que el gobierno de Estados Unidos le canceló la visa estadounidense tanto a ella como a su esposo y a su suegro, presuntamente bajo sospechas de nexos delictivos.
La administración a la cual pidió licencia, ha sido blanco de constantes protestas y denuncias ciudadanas por encubrir presuntas redes de extorsión sistemática operadas por elementos de Tránsito y la Policía Turística en contra de locales y turistas; además de la sospecha de proteger a las células que operan la extorsión para el Cártel de Sinaloa.
Pero lo más grave de todos los señalamientos son contra su esposo, el tabasqueño Lucio Galileo Lastra Abreu, quien juega un papel central en los señalamientos de corrupción en las obras y licitaciones en Cancún. Fuentes de seguridad confirmaron que el retiro coordinado del visado a su entorno familiar directo es un indicador de que las agencias estadounidenses investigan el origen del patrimonio familiar bajo sospecha de nexos ilícitos.
Diversos sectores acusan a Lastra Abreu de fungir como el operador financiero de la administración de Peralta. Es señalado públicamente de encargarse de cobrar porcentajes ilícitos (diezmos) en los contratos públicos asignados por el ayuntamiento y de presionar a empresarios locales para obtener fondos destinados a campañas políticas de su grupo económico.
Al ser un empresario de Tabasco con vínculos en el sector corporativo, la Fiscalía General de la República (FGR) indaga si su entorno empresarial y comercial facilitó u ocultó transacciones financieras relacionadas con la red de huachicol fiscal que operaba a través de la empresa Ingemar S.A. de C.V., misma red que se presume colaboraba con estructuras del Cártel de Sinaloa.
En el entramado aparece Cristóbal Gaudiano Rovirosa y su involucramiento directo y el motivo por el cual se iniciaron las investigaciones al denominado «Grupo Cancún», la red, integrada por empresarios y políticos, señalada de operar esquemas de desvío de dinero público y lavado de dinero en el estado de Quintana Roo.
No hay que olvidar que en diciembre de 2017, la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO) de la FGR lo citó formalmente en calidad de imputado ya que se le investigó bajo la sospecha de actuar como uno de los principales prestanombres de la red de corrupción del exgobernador de Quintana Roo, Roberto Borge Angulo.
Cristóbal fue socio fundador de la empresa Grupo Desarrollador Rumega S.A. de C.V., firma que recibió adjudicaciones directas y contratos millonarios de forma irregular durante administraciones pasadas en Quintana Roo. Las indagatorias señalaron que parte de los recursos obtenidos de estos contratos supuestamente se desviaron para financiar campañas políticas familiares en el sureste del país.
En el marco de las investigaciones de la FGR en 2026 contra la administración de Peralta, la mención de los hermanos Cristóbal y Gerardo Gaudiano Rovirosa resurgió debido a que los operadores financieros actuales —ligados al esposo de la alcaldesa, Lucio Galileo Lastra Abreu, presuntamente están replicando el modus operandi del antiguo «Grupo Cancún» en el desvío de las cuentas públicas del actual ayuntamiento de Benito Juárez.
Algo más graves es que están ligados a La Barredora el grupo criminal que opera principalmente en el estado de Tabasco enfocado en actividades ilícitas como el robo de combustible (huachicoleo), narcotráfico y extorsión y donde las autoridades mexicanas señalan a Hernán Bermúdez Requena, exsecretario de Seguridad Pública de Tabasco, como uno de sus presuntos líderes históricos.
En reportes sobre corrupción local, se ha documentado cómo las mismas redes de influencia política y financiera que facilitaron el crecimiento de empresas como Rumega en el sector de la construcción, cruzaron caminos con los círculos de protección y operaciones bajo los cuales se estructuró y financió la red delictiva de La Barredora en Tabasco.
Los fundadores y socios visibles de la constructora como Germán Cristóbal Gaudiano Rovirosa y Raúl Ramos Espinosa, formaban parte de un bloque de negocios estrechamente ligados a exfuncionarios tanto de Quintana Roo como de Tabasco.
