El gobernador constitucional de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, anunció su reincorporación formal al frente del Poder Ejecutivo estatal para concluir el periodo mandatado en las urnas hasta el 31 de octubre de 2027. La reasunción de sus funciones ocurre al término del periodo de licencia temporal que solicitó al Congreso del Estado el pasado 1 de mayo.
A través de un mensaje público dirigido a la ciudadanía, el mandatario sostuvo que durante su separación del cargo se sometió voluntariamente a los procedimientos de investigación llevados a cabo por las autoridades judiciales en México.
Conclusiones de la FGR y posicionamiento del mandatario
Rocha Moya explicó que la Fiscalía General de la República (FGR) desestimó los señalamientos formulados por agencias del gobierno de Estados Unidos, argumentando la ausencia de elementos probatorios:
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Sometimiento a la justicia: El gobernador destacó que permaneció 112 días separado del cargo sin hacer uso del fuero constitucional para atender los requerimientos ministeriales.
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Desestimación de cargos: Indicó que, tras las diligencias del Ministerio Público Federal, la FGR informó de manera pública la inexistencia de elementos que sustenten la comisión de conductas delictivas.Estab
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Defensa de su honorabilidad: El mandatario calificó los señalamientos como «patrañas» con motivaciones políticas e injerencistas promovidas por sectores opositores de la ultraderecha nacional y extranjera para afectar al movimiento oficialista.
Reincorporación a la agenda estatal y alineación federal
Al retomar la titularidad del Gobierno de Sinaloa, Rocha Moya ratificó el compromiso de dar continuidad a los programas de la administración pública y la agenda social del estado:
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Continuidad institucional: Aseguró que trabajará con «la frente limpia» para atender los compromisos de gobierno, la seguridad y el bienestar social de los ciudadanos sinaloenses.
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Respaldo al Gobierno Federal: Refrendó su alineación política e institucional con la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, comprometiéndose a mantener la colaboración con el gabinete federal en materia de soberanía y desarrollo regional.
