El sistema penitenciario en Tabasco enfrenta una presión crítica en su infraestructura. De acuerdo con el Cuaderno Mensual de Información Estadística Penitenciaria Nacional elaborado por el Órgano Administrativo Desconcentrado de Prevención y Reinserción Social (OADPRS) con corte a mayo de 2026, seis de los nueve centros de reclusión del estado presentan una sobrepoblación acumulada de mil 195 personas.
Radiografía de la población penitenciaria
Las estadísticas oficiales detallan que los penales tabasqueños albergan a un total de 5 mil 960 internos, superando ampliamente su capacidad instalada global, la cual está diseñada para recibir únicamente a 4 mil 765 personas.
Durante el mes de mayo, la cifra de reclusos experimentó un incremento neto al registrarse el ingreso de 278 personas frente a 255 egresos. Del universo total de la población recluida:
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Fuero común: 5 mil 721 personas (2 mil 700 procesadas y 3 mil 21 con sentencia firme).
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Fuero federal: 239 personas (137 procesadas y 102 sentenciadas).
Centros más saturados vs. espacios disponibles
El informe señala que las cárceles municipales y regionales ubicadas en Cunduacán y Comalcalco concentran los niveles más altos de sobrepoblación.
En contraste, los centros penitenciarios de Cárdenas y Huimanguillo —incluyendo el Centro Penitenciario Estatal Tabasco No. 9— se mantienen como las únicas excepciones en la entidad que aún conservan un margen de disponibilidad para recibir nuevos ingresos.
Perfil demográfico y rezago educativo
El reporte del OADPRS también ofrece un panorama sobre las condiciones socioculturales y de edad al interior de los centros de reclusión:
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Adultos mayores: Se contabilizan 280 personas privadas de la libertad en este rango de edad.
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Nivel educativo: La gran mayoría de la población penitenciaria cuenta con educación secundaria terminada, seguida por quienes cursaron primaria y bachillerato.
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Educación superior: Únicamente 127 personas poseen una licenciatura concluida y 65 cuentan con estudios superiores diversos.
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Analfabetismo: El diagnóstico señala que 222 internos no saben leer ni escribir, lo que evidencia retos persistentes en materia de alfabetización y reinserción social efectiva.
