PODER Y CRITICA | REDACCIÓN | La sombra de la corrupción en la entrega de contratos en el Ayuntamiento de Benito Juárez y la malversación de recursos sancionados por la Auditoría Superior de la Federación (ASF) acompañan a la presidenta con licencia Ana Patricia Peralta de la Peña en su búsqueda por ser nominada como defensora de la Transformación, el peso de ser parte de «La Mafia Verde» y títere del «Niño Verde» la arrastran al basurero de la historia política de Quintana Roo.
Su esposo Lucio Galileo Lastra Abreu es un importante operador de los contratos a modo para empresas amigas del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) y ligadas directamente con el Capo Mayo de «La Mafia Verde», Jorge Emilio González Martínez.
En esta red participan personajes del borgismo como Cristóbal Gaudiano Rovirosa quienes han operado contratos para la renta de patrullas donde Ana Patricia Peralta destina actualmente un presupuesto de 200 millones de pesos para el arrendamiento de unidades inteligentes, pero la opacidad también acompañan a estas entregas ya que el nombre de la la empresa contratada se mantiene bajo reserva, un hecho que ha provocado controversia pública.
Cuando se le cuestionó directamente por los medios, Peralta de la Peña evitó dar las siglas de la compañía, argumentando no tener el dato a la mano en ese momento, solo atinó a decir que los 200 millones de pesos, son financiado totalmente con recursos del Fondo de Derecho de Saneamiento Ambiental del municipio y que aproximadamente son10 millones de pesos mensuales lo que promedia un costo de 160 mil pesos al mes por unidad.
Supuestamente el contrato estipulado por la integración de 60 a 70 patrullas nuevas de alta tecnología, provistas de cámaras internas, reconocimiento facial, lectores de placas automáticas y computadoras de alto rendimiento; Ana Paty justifica el esquema de arrendamiento asegurando que la empresa proveedora absorbe en su totalidad los costos de mantenimiento mecánico, reparaciones y el blindaje tecnológico de los vehículos, evitando que las patrullas queden inoperantes por falta de presupuesto para talleres, sin embargo pagos alternos de refacciones y mantenimiento pagados por el Ayuntamiento desmienten esta versión, un millonario negocio de «La Mafia Verde» que repite en varios municipios.
En años pasados, esta red de corrupción benefició con igual esquema a empresas como Grupo Empresarial Urfisa, quien recibió contratos previos por 52.2 millones de pesos para proveer y equipar patrullas al municipio; también fue beneficiada Lease and Fleet Solutions para la renta de flotillas policiales con costos de hasta 250 millones de pesos.
Los propietarios, socios principales y representantes legales están vinculados directamente con el «Niño Verde» pues Grupo Empresarial Urfisa, S.A. de C.V., tiene como accionista principal Farough Fatemi Corcuera, seguido por Bernardo Uriegas Corcuera y con domicilio fiscal en San Pedro Garza García, Nuevo León y la empresa Lease and Fleet Solutions, S.A. de C.V. está liderado por el Dr. Luis Montaño, asociado estrechamente con redes operativas como Lumo Financiera del Centro señalada de lavar dinero para «La Mafia Verde»
Es más, en los procedimientos de licitación y auditorías estatales de Quintana Roo y Tabasco, los apoderados legales firmantes han sido José Vicente Villanueva Miranda y Abel Carlos Martínez Uribe con domicilios en Naucalpan de Juárez, Estado de México y que fungen como los defensores de los intereses de «la Mafia Verde» en ambos estados.
