El Gobierno de México presentó 20 denuncias penales en Estados Unidos por la muerte de connacionales bajo custodia o durante operativos del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), informó la Cancillería.
La estrategia fue detallada este miércoles por el canciller Roberto Velasco. Se trata de ocho denuncias ante fiscalías estatales y 12 ante fiscalías de condado, interpuestas el 13 de julio por el embajador en Washington, Roberto Lazzeri, en Arizona, California, Florida, Georgia, Illinois, Luisiana, Misuri y Texas, donde han ocurrido fallecimientos desde mayo de 2025.
El movimiento incluye una petición formal de la Fiscalía General de la República (FGR) al Departamento de Justicia estadounidense para abrir investigaciones federales y dar seguimiento a cada expediente. La cifra oficial del Gobierno es de 17 mexicanos muertos —14 en centros de detención y 3 en operativos—, entre ellos Lorenzo Salgado Araujo, fallecido el 7 de julio en Houston tras recibir disparos de un agente del ICE.
Además, la SRE envió cartas de cese y desistimiento a centros operados por empresas privadas, como Adelanto en California, donde murieron cuatro mexicanos, por “impedir acceso a atención médica pronta” y aplicar “políticas incompatibles con estándares médicos”. Es el paso previo a acciones civiles. También se notificó al Alto Comisionado de la ONU para Derechos Humanos, Volker Türk.
La respuesta estadounidense fue fría. El Departamento de Estado devolvió las cartas de protesta y advirtió que México no debe intervenir en la gestión del ICE, aludiendo a la soberanía.
“Pasamos del ámbito diplomático a acudir directamente ante las fiscalías para que se investigue penalmente qué está ocurriendo”, dijo Velasco el 9 de julio.
Expertos advierten que la eficacia será limitada por el contexto político: “El Departamento de Justicia lleva investigaciones independientes, pero en casos sensibles no suele ir contra agencias respaldadas por la Casa Blanca”, señaló Ariel G. Ruiz Soto, del Migration Policy Institute.
