La presidenta Claudia Sheinbaum afirmó que la empresa Ingemar S.A. de C.V., de la que es socio mayoritario el exgobernador de Baja California Ernesto Ruffo Appel, violó doblemente las disposiciones legales de importación de combustibles y que los pedimentos presentados en aduana “no estaban en regla”.
“Hay una doble violación: primero, declarar una mercancía distinta a la que realmente se ingresaba, y segundo, hacerlo con un permiso que no correspondía al volumen ni al tipo de combustible”, explicó la mandataria en su conferencia matutina en Palacio Nacional al referirse al caso de huachicol fiscal.
Sheinbaum detalló que Ingemar —constituida en 2018 como inmobiliaria y que en 2019 cambió su objeto social para entrar al mercado energético— fue vinculada al megadecomiso del 7 de julio de 2025 en Ramos Arizpe y Saltillo, Coahuila, donde la Secretaría de Seguridad y la FGR aseguraron 129 carrotanques con 15.48 millones de litros de gasolina y diésel.
De acuerdo con la investigación de la Agencia Nacional de Aduanas (ANAM) y la FGR, el combustible fue importado por Ingemar desde Estados Unidos a través de Belar Fuels Company LLC, con sede en Corpus Christi, y de Lambrucar, empresa con oficinas en Houston, y declarado como “desperdicio de combustible” y “aceite quemado” para evadir el pago de IEPS e IVA, mientras se entregaba a la comercializadora Crimson Hidrocarburos, autorizada por la entonces Comisión Reguladora de Energía.
“El pedimento decía aditivo, pero lo que venía era gasolina y diésel. Esa es la definición de huachicol fiscal”, sostuvo Sheinbaum.
Ruffo Appel, de 74 años, fue detenido el jueves pasado en Ensenada junto a su socio Ricardo Thompson Navarro. La FGR le imputa delincuencia organizada y contrabando. El exmandatario, primer gobernador de oposición en 1989 por el PAN, alega que Ingemar “solo ve papeles, no ve combustible” y que su empresa únicamente hacía el trámite aduanal.
La fiscal general, Ernestina Godoy, informó que la investigación lleva más de un año, involucra a 25 personas y a cuatro empresas, y que ya hay ocho órdenes de aprehensión ejecutadas de un paquete de más de 200 solicitadas contra agentes aduanales, militares y empresarios.
El gobierno federal estima que el esquema generó pérdidas de miles de millones de pesos al erario entre enero y julio de 2025.
