La presidenta Claudia Sheinbaum presentó una iniciativa de ley para homologar el delito de feminicidio en todo México y establecer penas de hasta 70 años de prisión, con el objetivo de cerrar vacíos legales y garantizar justicia para las víctimas.
Durante la conferencia matutina, la mandataria explicó que actualmente cada estado tipifica el feminicidio con criterios distintos, lo que genera desigualdad en la investigación, persecución y sanción del delito. La propuesta busca crear un solo tipo penal a nivel nacional, con elementos claros para acreditarlo, y evitar que casos de violencia extrema contra mujeres se clasifiquen como homicidios dolosos.
“Queremos que no haya impunidad y que se investigue con perspectiva de género desde el inicio. No puede ser que matar a una mujer por razones de género tenga consecuencias distintas según la entidad”, señaló Sheinbaum.
La iniciativa contempla una pena mínima de 40 años y una máxima de 70 años de prisión, además de agravar sanciones cuando existan antecedentes de violencia familiar, acoso, lesiones o amenazas. También incluye medidas para proteger a hijas e hijos de las víctimas y garantizar reparación integral del daño.
El proyecto será enviado al Congreso de la Unión para su análisis. De aprobarse, obligaría a las 32 entidades a modificar sus códigos penales locales y a capacitar a ministerios públicos, policías y jueces en la aplicación del nuevo marco legal.
Organizaciones civiles han pedido durante años la homologación del feminicidio, al denunciar que las diferencias entre estados provocan subregistro y revictimización. En 2025, el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública reportó 848 víctimas de feminicidio en el país, aunque colectivos advierten que la cifra real podría ser mayor por casos no clasificados correctamente.
Sheinbaum agregó que la reforma se acompañará de una estrategia nacional de prevención, con mayor coordinación entre fiscalías, refugios y programas de atención a mujeres en riesgo.
La propuesta se suma a otras acciones anunciadas por el gobierno federal en materia de seguridad y género, como el fortalecimiento de los Centros de Justicia para las Mujeres y la creación de un registro nacional de agresores.
El debate legislativo iniciará en el próximo periodo ordinario de sesiones.
