El proyecto para construir una planta recicladora municipal en Jalpa de Méndez concluyó con un presunto daño a las finanzas públicas por 18.7 millones de pesos, de acuerdo con el Informe de Resultados de la Cuenta Pública 2024 presentado este jueves por el Órgano Superior de Fiscalización del Estado (OSFE) de Tabasco.
La auditoría señala que la obra, a cargo de la empresa Desarrollo Sustentable del Sureste S.A. de C.V., fue pagada en un 95% entre 2022 y 2023, pero solo registra un avance físico de 32%. La planta debía procesar 40 toneladas diarias de residuos sólidos urbanos y generar 60 empleos directos, según el contrato firmado por la administración municipal 2021-2024.
“Se detectaron pagos por conceptos no ejecutados, falta de bitácoras, ausencia de pruebas de calidad y anticipo no amortizado por 6.2 millones de pesos. Además, el predio no cuenta con uso de suelo autorizado ni con manifestación de impacto ambiental vigente”, detalla el OSFE.
El informe indica que la planta se ubica en la ranchería Benito Juárez 1ra sección, a 300 metros de un cuerpo de agua, en una zona considerada no apta para manejo de residuos por el Programa de Ordenamiento Ecológico del Estado. La Secretaría de Bienestar, Sustentabilidad y Cambio Climático (SBSCC) negó haber emitido permisos de operación.
El actual alcalde, José Manuel Hernández Pérez, informó que el Ayuntamiento presentó una denuncia ante la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción en agosto de 2025 y rescindió el contrato. “La obra está abandonada, con maquinaria incompleta y sin bardas perimetrales. Vamos a exigir a la empresa que devuelva el recurso o termine la obra, además de fincar responsabilidades a exfuncionarios”, dijo.
La empresa Desarrollo Sustentable del Sureste respondió mediante un comunicado que los retrasos se debieron a “cambios de trazo solicitados por el municipio y falta de liberación del derecho de vía”, y que promoverá un recurso legal contra la rescisión.
El OSFE dio 30 días hábiles a la administración 2021-2024, encabezada por el exalcalde Jesús Selván García, para solventar las observaciones. De no hacerlo, el expediente se turnará a la Fiscalía y al Tribunal de Justicia Administrativa para iniciar procedimientos resarcitorios.
Habitantes de la zona denunciaron que la estructura inconclusa genera lixiviados y fauna nociva. La SBSCC colocó sellos de clausura en abril y ordenó un plan de remediación que no se ha ejecutado.
El proyecto tuvo un costo total autorizado de 19.6 millones de pesos, con recursos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (Fortamun) y del Ramo 33. A la fecha, solo se recuperaron 900 mil pesos en fianzas.
La Comisión de Hacienda del Congreso local citó a comparecer al titular del OSFE y al exalcalde para el próximo 18 de septiembre, a fin de ampliar la información sobre el caso.
