Especialistas, legisladores y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) hicieron un llamado urgente a que la población conozca los derechos consagrados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, como herramienta clave para su protección frente a abusos, discriminación y violencia.
Durante un foro organizado por la Cámara de Diputados, la investigadora Juventina Bahena recordó que la Constitución “es un catálogo de derechos” y que en sus primeros 29 artículos se reconocen garantías fundamentales: salud, educación, vivienda digna, medio ambiente sano, igualdad entre mujeres y hombres, identidad, y la prohibición de la esclavitud y la discriminación. El artículo 1º establece que todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en la Constitución y en los tratados internacionales, con la protección más amplia y el principio pro persona.
La CNDH subrayó que, desde la reforma de 2011, las autoridades de todos los niveles tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos, así como prevenir, investigar, sancionar y reparar sus violaciones. Sin embargo, advirtió que aún persisten “insuficiencias” en temas como desapariciones, tortura, discriminación, desplazamiento forzado y detenciones arbitrarias.
El artículo 4º constitucional reconoce derechos específicos como la igualdad jurídica entre hombres y mujeres, la protección de la familia, la salud, el medio ambiente, la vivienda y la identidad y desarrollo integral de niñas y niños, imponiendo a tutores y al Estado el deber de preservarlos.
“La exigencia de un derecho solo es posible si está regulado; por eso es vital que la ciudadanía conozca la Constitución y las leyes secundarias”, señalaron participantes. La CNDH dispone de cartillas y materiales para difundir los derechos de migrantes, mujeres, niñas, niños y personas adultas mayores, sectores en situación de vulnerabilidad que requieren atención prioritaria.
El llamado incluye al Congreso y a las legislaturas estatales, que por mandato del artículo 102, apartado B, deben establecer organismos de protección de derechos humanos que atiendan quejas contra actos u omisiones administrativas de cualquier autoridad.
Conocer la Constitución, coincidieron, es el primer paso para ejercer la ciudadanía plena y exigir la reparación integral cuando se violen garantías fundamentales.
