Las acusaciones emitidas por el gobierno de los Estados Unidos en contra del gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, han comenzado a perder fuerza en el escenario público debido a la ausencia de elementos probatorios contundentes que respalden dichos señalamientos. Así lo consideró Eduardo González, especialista e internacionalista del Tecnológico de Monterrey, quien sugirió que el expediente debe analizarse bajo la óptica de las recientes tensiones diplomáticas bilaterales y no como un proceso estrictamente jurídico.
El académico puntualizó que la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo ha mantenido una postura institucional equilibrada desde el origen del conflicto, argumentando que no existen elementos públicos de convicción para confirmar, pero tampoco para descartar de manera tajante, los presuntos vínculos del mandatario sinaloense con las estructuras del crimen organizado.
Disputa de narrativas y el factor «CIA en Chihuahua»
De acuerdo con el análisis del especialista, el momento político en el que Washington revivió los señalamientos contra Rocha Moya coincide con una reacción de contrapeso diplomático tras el hallazgo en territorio nacional de presuntos agentes de la CIA operando en el estado de Chihuahua sin la debida acreditación institucional:
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Evidencia precaria: El analista recordó que los materiales presentados inicialmente por las agencias estadounidenses se limitaban a anotaciones informales en hojas de cuaderno con listas de nombres de servidores públicos.
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Principio de reciprocidad: Ante la insistencia de Washington para buscar la entrega del político sinaloense, el Gobierno de México ha fijado una postura clara: «Así como ellos nos piden pruebas cuando solicitamos una extradición, nosotros también pedimos evidencia sustentable para iniciar cualquier procedimiento legal», una documentación que hasta el momento no ha sido entregada a la Cancillería mexicana.
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Guerra de discursos: El diferendo se enmarca en una marcada confrontación de narrativas, donde México busca posicionar sus métricas de reducción de homicidios y desmantelamiento de laboratorios, mientras sectores de EE. UU. insisten en la supuesta inacción contra los cárteles del Pacífico.
El T-MEC, blindado frente a las fricciones políticas
A pocos días de que venza el plazo del 30 de junio de 2026, fijado por el presidente estadounidense Donald Trump para definir diversas directrices de su agenda internacional, el desenlace del caso Rocha Moya sigue siendo una incógnita debido a los constantes giros de la política exterior de la Casa Blanca.
No obstante, el internacionalista descartó de forma categórica que este diferendo en materia de seguridad tenga la capacidad de descarrilar o contaminar las mesas técnicas de revisión del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).
