FUENTE: BENJAMÍN PAT
Las alarmas institucionales están encendidas. Qué tan fracturada estará la relación interna en el Instituto Electoral de Quintana Roo (IEQROO) que su propia Consejera Presidenta ha tenido que recurrir a los tribunales para que le aclaren, de una vez por todas, cuáles son las facultades reales del Consejo General. A solo medio año de que arranque formalmente el Proceso Electoral local, quienes por ley deberían blindar la certeza jurídica —consejeros, presidencia y el Órgano Interno de Control (OIC)— prefieren jugar a las vencidas políticas para ver quién tiene más poder.
Hay tres decisiones recientes que dejan al descubierto que la legalidad en el instituto se está aplicando a conveniencia.
El choque por el presupuesto: El OIC se manda solo
La disputa más viva ya escaló al Tribunal Electoral de Quintana Roo (TEQROO) bajo el expediente JE/012/2026. Se trata de una impugnación contra una orden directa que el bloque mayoritario del Consejo General le dio a la presidenta Rubí Pacheco Pérez: desembolsar recursos públicos para publicar un acuerdo del Órgano Interno de Control.
El gran problema de fondo es que ese acuerdo —que modifica la estructura interna del OIC— jamás fue analizado ni discutido por el pleno del Consejo.
Al saltarse la validación del Consejo, el contralor interno y los consejeros que lo respaldan crearon un peligroso precedente de opacidad presupuestal que ahora la justicia electoral tendrá que destrabar.
El «vacío» a la Cuenta Pública
Esta lucha de egos no es nueva. En abril pasado, el ring de confrontación fue la revisión de la cuenta pública. En un acto de evidente desdén institucional, la mayoría de los consejeros aplicó un «vacío político» y se negó rotundamente a tocar el tema financiero del instituto.
¿Su argumento? Que ellos no ejercen el presupuesto de forma directa. Una postura que raya en la incongruencia, considerando que de esas mismas cuentas institucionales salen los recursos diarios para sus viáticos, la gasolina y hasta las unidades vehiculares de lujo que tienen rentadas para su uso personal.
Congeladora electoral: 95 denuncias y solo un fallo
Pero lo que verdaderamente preocupa de cara a las próximas elecciones es el abandono y la simulación con la que el IEQROO atiende las quejas contra los actores políticos. Las cifras de los primeros cinco meses de este 2026 exponen un rezago alarmante:
Radiografía de la inoperancia: De 95 expedientes abiertos entre enero y mayo, el árbitro electoral ha resuelto únicamente un caso.
Incluso ese único expediente resuelto —el procedimiento POS/001/2026 contra una diputada federal— dejó al descubierto las trampas internas. Aunque el fallo estaba listo desde abril, un bloque de cuatro consejeros operó políticamente para bajarlo de la sesión a última hora, alegando que el documento venía plagado de errores técnicos. Lo irónico es que el proyecto rechazado fue firmado y enviado a la presidencia por el propio líder de la Comisión de Quejas, el consejero Julio Asrael González Carrillo.
Con la contienda electoral a la vuelta de la esquina, la pregunta para los partidos y la ciudadanía es inevitable: ¿Cómo podemos confiar en el árbitro de la elección si sus integrantes están más ocupados peleando por el control interno que en garantizar la equidad en las urnas?
