El Colegio de Abogados Tabasqueños demandó a la Fiscalía General del Estado que compruebe con evidencia técnica y científica los delitos más fuertes que imputa a Hernán “N”, luego de que la dependencia solicitara 154 años de prisión en su contra por homicidio calificado, secuestro agravado y asociación delictuosa, entre otros ilícitos.
En conferencia de prensa, la presidenta del Colegio señaló que la gravedad de las penas requiere un estándar probatorio “impecable” para evitar fallos que puedan revertirse en tribunales federales. “No basta con la suma aritmética de cargos. La Fiscalía debe demostrar autoría, participación y agravantes de cada hecho con peritajes, testimonios verificables y cadena de custodia intacta”, sostuvo.
La agrupación recordó que Hernán “N” enfrenta seis causas penales integradas entre 2022 y 2024 por hechos ocurridos en Cárdenas, Huimanguillo y Centro. De acuerdo con la FGE, el imputado habría participado en cuatro eventos violentos con ocho víctimas. El Colegio pidió que se individualice cada caso y se evite el “juicio mediático” que, afirman, vulnera la presunción de inocencia.
Los abogados propusieron que la Fiscalía transparente el desglose de penas solicitadas: 50 años por homicidio calificado, 60 por secuestro agravado y el resto por portación de arma de uso exclusivo del Ejército, robo con violencia y daños. Solicitaron además que se permita el acceso de peritos independientes a la evidencia balística, a los videos y a los dictámenes médicos.
El Colegio advirtió que, si la acusación se sostiene en testigos protegidos o en declaraciones sin corroboración, la defensa podría alegar violaciones al debido proceso y lograr reducciones de condena en amparo. “La ciudadanía exige justicia, pero también legalidad. Una sentencia mal fundada genera impunidad a largo plazo”, añadió la barra.
Por su parte, la FGE respondió que la carpeta cuenta con pruebas periciales, análisis telefónicos, cateos y reconocimientos, y que el Ministerio Público está listo para sostenerlas en juicio oral. Reiteró que la petición de 154 años se basa en las máximas legales y en la pluralidad de víctimas.
El juez de control fijó para el 15 de julio de 2026 la audiencia en la que se definirá si el caso pasa a juicio oral. El Colegio de Abogados anunció que enviará observadores al proceso y que presentará un amicus curiae para vigilar el respeto a los derechos procesales de todas las partes.
Víctimas indirectas entrevistadas fuera de los juzgados coincidieron en que desean sentencias firmes, no mediáticas. “Que se castigue al culpable, pero con pruebas, para que no salga en dos años por un tecnicismo”, dijo una familiar.
El caso de Hernán “N” se perfila como uno de los más relevantes del año en Tabasco por el monto de la pena solicitada y por el debate público que abre sobre la calidad de las investigaciones ministeriales.
