En la antesala de cumplir 12 años de la desaparición forzada de los 43 normalistas de la Escuela Normal Rural «Raúl Isidro Burgos», el Comité de Madres y Padres de los estudiantes emitió un enérgico posicionamiento dirigido a la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez. En el documento, las familias exigen convocar de manera urgente a una reunión integral con todas las instituciones involucradas en el caso para revisar el estatus real de las indagatorias, retomar las líneas de investigación que acusan fueron abandonadas desde 2024 y poner fin a la estigmatización de sus recientes movilizaciones en el marco del arranque de la Copa del Mundo.
Las familias enfatizaron que esta mesa de trabajo con los titulares de la Fiscalía General de la República (FGR), la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) y la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia (CoVAJ) debe ser complementaria y bajo ninguna circunstancia sustituir los encuentros periódicos pactados directamente con la presidenta Claudia Sheinbaum.
Las tres demandas centrales del magisterio y los padres
El pliego formalizado por el comité busca romper el estancamiento institucional y redirigir los esfuerzos ministeriales sobre objetivos específicos:
1. Foco en la ruta militar e Iguala
Los padres exigen que las brigadas de búsqueda se concentren en dos puntos prioritarios señalados en archivos oficiales:
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La Comandancia de la Policía Municipal de Iguala: Lugar adonde, de acuerdo con documentos de inteligencia militar, habrían sido trasladados originalmente al menos 17 jóvenes la noche del 26 de septiembre de 2014.
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Jardines del Sol y Laguna de Tuxpan: Sitios identificados como zonas de probable destino para un segundo bloque de por lo menos 11 estudiantes.
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Apertura de archivos: Exigen conformar una comisión técnica para revisar de manera exhaustiva 33 folios militares pendientes de análisis, con el fin de extraer datos probatorios que el Ministerio Público pueda judicializar.
2. Presión internacional y extradiciones a la Cancillería
El comité solicitó formalmente a la SRE que integre de manera prioritaria en la agenda de diálogo bilateral con el Gobierno de los Estados Unidos los procesos de extradición de dos exfuncionarios clave para el caso:
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Tomás Zerón de Lucio: Exdirector de la Agencia de Investigación Criminal, señalado por presunta tortura y alteración de la escena en el río San Juan.
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José Ulises Bernabé: Juez de barandilla en Iguala la noche de los hechos, a quien consideran pieza fundamental para esclarecer qué ocurrió dentro de los separos policiales.
3. Cese a la criminalización en el contexto del Mundial
En el marco de la reciente retención de autobuses y el decomiso de artefactos en la caseta de Tlalpan previo al partido inaugural, el comité lanzó un exhorto directo a Gobernación para que no se utilice el despliegue de seguridad del Mundial de Fútbol 2026 como justificación para reprimir el movimiento social ni estigmatizar penalmente la causa de las familias.
El desmantelamiento de las promesas de justicia
El pronunciamiento acusa que las investigaciones sufrieron un freno y posterior retroceso tras el descrédito de la denominada «verdad histórica» (la versión del Gobierno federal anterior a 2018 que la CoVAJ catalogó como un montaje de Estado). Los padres recuerdan que las pesquisas que apuntaban a la colusión directa entre cuerpos de seguridad pública de los tres niveles de gobierno, mandos del Ejército Mexicano, funcionarios locales de Iguala y células operativas del grupo delictivo Guerreros Unidos fueron congeladas, por lo que urgieron el retorno de la asistencia técnica internacional del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) para garantizar la imparcialidad en el proceso.
