Integrantes de la Alianza Nacional de Jubilados desplegaron una movilización pacífica por las principales arterias de la capital tabasqueña con destino a la Plaza de Armas, justo frente al Palacio de Gobierno. El contingente, integrado en su mayoría por excolaboradores de Petróleos Mexicanos (Pemex) y de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), manifestó su rechazo absoluto a los descuentos aplicados a sus ingresos, así como a las posibles afectaciones derivadas de la reforma al artículo 127 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Los inconformes iniciaron su concentración en las inmediaciones de la Catedral del Señor de Tabasco, punto desde el cual marcharon lanzando consignas para exigir el cese inmediato a cualquier reducción en sus percepciones y demandar el respeto irrestricto a sus derechos laborales adquiridos.
«No son pensiones doradas, son derechos ganados»
Durante la caminata, los portavoces del movimiento fijaron su postura frente a las críticas y los topes presupuestales que han impulsado las recientes adecuaciones legales en materia de remuneraciones de los servidores públicos:
-
Años de servicio: Los manifestantes recalcaron que los montos económicos que reciben mensualmente no constituyen privilegios políticos ni las denominadas “pensiones doradas”, sino el resultado legítimo de más de 30 años de trabajo ininterrumpido en los sectores energético y eléctrico del país.
-
Afectación directa: El personal en retiro de la CFE hizo especial hincapié en que los descuentos actuales ya merman de manera significativa su poder adquisitivo y la economía de sus familias.
Ruta y destino de la protesta
La marcha se desahogó de manera ordenada sobre las vialidades del centro de Villahermosa, lo que generó cortes intermitentes a la circulación vehicular por parte de los agentes de tránsito locales. Al arribar a la Plaza de Armas, los jubilados formalizaron su llamado al Ejecutivo estatal y federal para entablar mesas de diálogo técnico que frenen la aplicación de criterios fiscales restrictivos sobre los contratos colectivos de trabajo históricos de ambas empresas productivas del Estado.
