PODER Y CRÍTICA | REDACCIÓN | Con la liberación del ex gobernador Roberto Borge Angulo, muchos políticos que actualmente militan en Morena y operan para «La Mafia Verde» están temblando pues el cozumeleño va con todo para recuperar su riqueza mal habida que acumuló del 2011 al 2016 cuando protagonizó uno de los capítulos de corrupción y desfalco más grandes de la entidad, tras una administración caracterizada por la enajenación de reservas territoriales públicas para beneficio de su círculo cercano, por ello la justicia mexicana aún mantiene un cerco legal sobre el exmandatario, quien a finales de mayo de este año modificó drásticamente su estatus carcelario y busca venganza a quienes lo traicionaron o le dieron la espalda.
Dentro del entramado político y financiero de Roberto Borge, hay una lista de nombres que ocupan un lugar central en las investigaciones del desfalco en Quintana Roo. Sin embargo, desde una perspectiva estrictamente jurídica, no todos cumplían la misma función ni todos son catalogados técnicamente como «prestanombres».
La estructura operaba dividida en tres categorías bien definidas: los prestanombres y operadores inmobiliarios, aquellos quienes ponían su nombre para adquirir o mover los bienes, los cerebros financieros, esos que orquestaban el desvío desde el presupuesto estatal y los aliados políticos o «delfines», quienes cobijaron el proyecto y pensaron en la sucesión.
Entre los personajes encargados de poner sus nombres, firmas o empresas fachada para quedarse con los terrenos subastados a precio de remate por el Instituto del Patrimonio Inmobiliario de la Administración Pública Estatal (IPAE), se encuentra principalmente Édgar Méndez Montoya, considerado por la Fiscalía General de la República (FGR) como uno de los principales prestanombres y operadores financieros de Borge. Fungió como intermediario para adquirir predios de alta plusvalía a precios irrisorios y triangular fondos para la creación de empresas de la red, como la naviera Barcos Caribe o el hotel Westin Cozumel.
Otra figura central del saqueo al estado es Claudia Romanillos, ya que o solo fue prestanombres directa y multiplicó sus propiedades privadas de 3 a 15 durante el sexenio, sino que su rol principal fue el de facilitadora operativa como directora del IPAE; ella firmaba de puño y letra las escrituras de enajenación de los 22 predios estatales robados al erario para entregárselos a los familiares y amigos de Borge. Cuenta, aún con órdenes de aprehensión vigentes y permanece prófuga de la justicia, investigaciones de Poder y Crítica documentaron que se escondía en Mérida bajo la protección de su suegro hasta que se le perdió la pista cuando le fue negado el último amparo tramitado a finales del 2025.
Uno más en el entramado clave del saqueo es Fabián Enrique Vallado Fernández quien inició como secretario particular y chofer de Borge, ascendiendo a delegado de la Sedesol federal en el estado; las investigaciones del fuero común y la UIF lo señalaron como operador financiero y prestanombres encargado de resguardar intereses inmobiliarios y de canalizar flujos de efectivo para campañas. Es de los poquísimos personajes que se mantuvo cercano a Borge, visitándolo incluso durante su reclusión en el penal y es quien actualmente está operando la recuperación de la fortuna del ex gobernante contando con apoyo de personales del crimen organizado que floreció en su mandato.
Uno más es Pablo Guillermo Molina, quien no fungía como un prestanombres común, sino como el operador financiero y cerebro macroeconómico del saqueo; desde la Secretaría de Finanzas y Planeación (Sefiplan), controlaba la caja del estado; a él se le imputa directamente el desvío de más de 1,464 millones de pesos correspondientes únicamente al Impuesto al Hospedaje, además de acumular múltiples carpetas de investigación por el desvío global de más de 3,000 millones de pesos a través de obras fantasma e inconclusas, aún está prófugo de la justicia.
Estos perfiles ocuparon cargos de primer nivel donde facilitaron el flujo de recursos de la red borgista o validaron sus movimientos presupuestales, aunque sus acusaciones directas giran en torno a delitos de la función pública o peculado y no necesariamente bajo la figura jurídica de prestanombres de bienes personales.
En el caso de Mauricio Rodríguez Marrufo, quien se desempeñó como titular de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda (Seduvi), fue detenido en 2017 acusado de desempeño irregular de la función pública por autorizar subsidios indebidos en la venta de terrenos del IPAE, lo que provocó un daño patrimonial millonario, fue el primer funcionario de la administración de Borge en declararse culpable tras negociar un procedimiento abreviado, pagar una fianza de reparación del daño y recuperar su libertad.
Otro que figura en la lista de operadores y prestanombres es Paul Carrillo Cáceres, es alcalde del municipio de Benito Juárez (Cancún) durante 2013-2016, formaba parte de la cúpula compacta del gobernador; su administración estuvo bajo la lupa por la asignación de contratos de obra pública a empresas ligadas a la red del estado, políticamente operó para blindar los movimientos territoriales del IPAE que ocurrían en su demarcación municipal, actualmente es Secretario de Desarrollo en el gobierno Verde que asalto Morena, y es uno de los negociadores de la protección al exgobernador.
Uno más es el priista disfrazado de moreno, Ismael ‘Mayito’ Moguel Canto, quien fue operador político regional del bando borgista encargado de la movilización de estructuras de apoyo en la zona norte y Cozumel. Su nombre ha figurado en carpetas locales de investigación sobre el reparto selectivo de concesiones y programas estatales que se entregaron a personas allegadas al mandatario; además de que los ferris de la naviera del ex gobernador son lo que operan actualmente como ‘Holbox Expres’, en el paso de Chiquilá a la isla Holbox. Actualmente Mayito Mogel es mencionado en las investigaciones sobre el crimen organizado en esa isla, ya que sería un eslabón en la delincuencia organizada para facilitar el traslado de estupefacientes en las naves de Roberto Borge; ‘Mayito’ ya se apuntó como el sucesor de Nivardo Mena bajo las siglas de Morena ya que actualmente es representante del gobierno estatal en el municipio de Lázaro Cárdenas.
Por último, no puede quedar fuera de la lista “Deudores de Borge», José Luis ‘Chanito’ Toledo Medina, pues más que un prestanombres, «Chanito» fue el «delfín» político oficial de Roberto Borge, quien hasta el último minuto intentó imponerlo a toda costa como su sucesor para la gubernatura de Quintana Roo en las elecciones de 2016, nominación que recayó en Mauricio Góngora; fue diputado federal y presidente de la Gran Comisión del Congreso del Estado durante el borgismo, pero, si bien a él se le ha mencionado en investigaciones periodísticas como prestanombre en amplias extensiones de terrenos en la Riviera Maya y Playa del Carmen, fue su familia la que sirvió al ex gobernador como prestanombre. Su hermano Carlos Toledo, fue mencionado en investigaciones periodísticas por adquirir terrenos del IPAE con descuentos de hasta el 80% de su valor, José Luis Toledo Medina operó esencialmente en la trinchera política y legislativa para proteger la cuenta pública del exgobernador y ocultar a toda costa las imputaciones en su contra.
Al día de hoy, Roberto Borge Angulo acumula exactamente 9 años privado de su libertad de manera física o restrictiva, su ruta por los centros penitenciarios abarca cárceles nacionales e internacionales, como el Centro Penitenciario El Renacer en Panamá donde fue recluido desde su captura el 4 de junio de 2017 hasta su extradición el 4 de enero de 2018.
Llegaría al CEFERESO 16 Femenil del estado de Morelos donde fue ingresado por un error administrativo de la entonces PGR, pasando unas horas en el penal de máxima seguridad para mujeres, luego permanecería en el Centro Federal de Rehabilitación Psicosocial en Ayala, Morelos, donde ingresó formalmente el 5 de enero de 2018; permaneció en este centro federal especializado durante más de 8 años debido a cuadros diagnosticados de profunda depresión, problemas renales y ansiedad.
Borge Angulo llegó a concentrar un entramado judicial compuesto por cinco carpetas de investigación principales, divididas entre la justicia federal y la estatal: la Causa Penal 242/2024 es por Delincuencia Organizada, acusación formulada por la Fiscalía General de la República (FGR) que le imputaba el control de un grupo delictivo estructurado para el desvío de bienes públicos, otra más era por la Causa Penal 381/2017, señalada por Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita / Lavado de Dinero ya que le imputa la coautoría en el desvío y remate de 22 a 24 terrenos de alta plusvalía en Cancún, Cozumel y Playa del Carmen, provocando un quebranto financiero directo al erario público por 900 millones 99 mil 418 pesos.
Por su parte el estado de Quintana Roo abrió carpetas por tres delitos específicos: Peculado, Aprovechamiento ilícito del poder y Desempeño irregular de la función pública. Ninguno de los procesos del fuero común permanece vigente bajo reclusión ordinaria, por ejemplo, en la carpeta 154/2017, concesiones de transporte e infraestructura, en ella, el exgobernador se acogió a un criterio de oportunidad tras pagar una reparación del daño de 250,000 pesos al gobierno estatal.
Pero en el entramado de la corrupción también figuran César Celso González Hermosillo y Melgarejo quien es el abogado de la familia Borge y operador clave en la estructura de la empresa Barcos Caribe actualmente operada en Holbox por ‘Mayito’ Moguel, además fue pieza fundamental para adquirir bienes raíces y activos navieros con recursos presuntamente desviados del erario.
Aparte se menciona a María Rosa Yolanda Angulo Castilla, madre del exgobernador quien en las investigaciones federales forma parte de las principales beneficiarias de la enajenación de terrenos del IPA, adquiriendo predios a fracciones mínimas de su valor comercial real y por último Juan González Angulo, tío del exmandatario, también vinculado en las actas de adquisición preferencial de terrenos estatales protegidos y reservas territoriales en Cozumel.
«La Lista de Deudores de Borge», ya fue desempolvada, ya empezó el cobro con la protección de «La Mafia Verde» que se incrustó en Morena; el primero en regocijarse de que Roberto Borge había recuperado su libertad fue el alcalde Cozumel, José Luis Chacón, quien inmediatamente ordenó protección de la policía municipal a la familia y presunta llegada del ex gobernante caído en desgracia a la isla de San Miguel de Cozumel.
