Los gobernadores de Sonora, Alfonso Durazo Montaño, y de Tamaulipas, Américo Villarreal Anaya, se encuentran bajo investigación penal por parte del gobierno de los Estados Unidos, proceso por el cual ya les habrían sido retiradas sus visas norteamericanas, según reveló una investigación publicada este miércoles 3 de junio de 2026 por el diario estadounidense Los Angeles Times.
La publicación advierte que la medida implementada contra ambos mandatarios estatales en funciones representa un duro golpe político para el partido gobernante en México (Morena) y amenaza con profundizar las tensiones diplomáticas entre la administración estadounidense y la mexicana.
Los señalamientos de la investigación penal
De acuerdo con el reporte periodístico, las líneas de investigación de las agencias de seguridad de EE.UU. apuntan a delitos graves de carácter federal:
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Alfonso Durazo (Sonora): Quien fuera el primer secretario de Seguridad y Protección Ciudadana durante el sexenio de Andrés Manuel López Obrador, está siendo indagado por presuntos vínculos con el crimen organizado.
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Américo Villarreal (Tamaulipas): Al mandatario tamaulipeco se le señala por presunta participación o facilitación en esquemas de contrabando de combustible a gran escala, actividad ilícita conocida formalmente en México como huachicol.
Revelan uso de «Libertad Condicional por Beneficio Público»
Los Angeles Times detalló que ambos gobernadores estarían considerados bajo una figura jurídica estadounidense conocida como libertad condicional por beneficio público significativo (parole).
Consultada por el diario, Vanda Brown, especialista de la Brookings Institution, explicó que este estatus legal, lejos de ser un beneficio ordinario, opera de forma estratégica en el sistema de justicia estadounidense: “En realidad, está diseñado para ser una herramienta para obtener información y pruebas”, señaló la experta, sugiriendo un esquema de cooperación o presión judicial.
El antecedente de Sinaloa
La investigación del diario estadounidense subraya que estas acciones forman parte de un despliegue mayor del Departamento de Justicia de EE.UU. contra funcionarios de Morena. Apenas en abril pasado, las autoridades norteamericanas acusaron formalmente al hoy gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y a otros nueve funcionarios de esa entidad por colaborar con la facción de «Los Chapitos» del Cártel de Sinaloa.
Entre los funcionarios sinaloenses vinculados a procesos en EE.UU. por tráfico de fentanilo y sobornos electorales destacan:
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El senador morenista Enrique Inzunza.
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El alcalde con licencia de Culiacán, Juan de Dios Gámez Mendívil.
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El exsecretario de Seguridad Pública de Sinaloa, Gerardo Mérida Sánchez, quien de acuerdo con el reporte ya se entregó a la justicia estadounidense y compareció ante un tribunal en Nueva York.
Gobiernos de Sonora y Tamaulipas desmienten la publicación
Ante el impacto de la nota, las coordinaciones de comunicación social de ambos estados salieron de inmediato a rechazar categóricamente las afirmaciones del rotativo estadounidense, asegurando que no existe notificación legal alguna y que las visas de los mandatarios siguen vigentes.
Sonora: Paloma Terán, titular de Comunicación Social del estado, afirmó en sus redes oficiales que el gobernador Durazo no enfrenta procesos en el extranjero. “El gobernador cuenta con una visa vigente y no ha sido notificado de investigación alguna por parte de las autoridades de los Estados Unidos. Rechazamos categóricamente cualquier señalamiento sin sustento”, expuso.
Tamaulipas: Por su parte, Gerardo Algarin, vocero del gobierno de Tamaulipas, calificó lo publicado como una estrategia basada en especulaciones. “Son señalamientos falsos que pretenden presentar acusaciones de enorme gravedad sin una sola prueba que las respalde. Nadie puede convertir rumores, versiones anónimas o especulaciones en hechos. Las insinuaciones jamás sustituyen a las pruebas”, reviró a través de su cuenta de X.
Hasta el momento, ni el Departamento de Estado ni el Departamento de Justicia de los Estados Unidos han emitido un pronunciamiento oficial para confirmar o desmentir de manera pública el estado migratorio o legal de los gobernadores mexicanos.
