La directiva de la Iglesia Presbiteriana “Nueva Jerusalén” rechazó categóricamente las acusaciones de las autoridades estatales que vinculan sus equipos de videovigilancia con actividades ilícitas. A través de un comunicado oficial emitido este martes, la institución religiosa calificó los señalamientos como falsos, difamatorios y carentes de todo sustento legal.
Los hechos se derivan de un operativo conjunto realizado el pasado sábado 27 de mayo en el templo ubicado en la confluencia de las calles José María Morelos y Pavón e Ignacio Zaragoza, en la colonia Centro de Villahermosa, Tabasco. En dicha intervención participaron elementos de la Fuerza de Reacción Inmediata de Tabasco (FIRT-OLMECA) en coordinación con efectivos de la Guardia Nacional.
La postura oficial de las autoridades frente al templo
Posterior al despliegue en la zona centro de la capital tabasqueña, las corporaciones de seguridad pública difundieron un boletín de prensa argumentando el desmantelamiento de una presunta red de monitoreo irregular:
El informe oficial: Las autoridades notificaron que fueron «aseguradas y retiradas 53 cámaras parásitas de videovigilancia instaladas en puntos ciegos, las cuales presuntamente eran utilizadas de manera irregular» para labores de vigilancia o «halconeo» por parte de grupos delictivos.
Iglesia defiende la legalidad de sus sistemas de seguridad
En respuesta al boletín oficial, los representantes de la Iglesia Presbiteriana aclararon la procedencia y el uso exclusivo del equipo tecnológico retirado:
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Financiamiento propio: El sistema de circuito cerrado fue adquirido e instalado en su totalidad con recursos económicos propios de la comunidad evangélica, de manera transparente y progresiva.
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Propósito preventivo: La instalación de los dispositivos obedeció estrictamente a protocolos de seguridad interna para salvaguardar la integridad física de los feligreses durante los cultos, así como para disuadir la delincuencia en beneficio de los vecinos y transeúntes del primer cuadro de la ciudad.
Ante lo que consideran un actuar arbitrario, la comunidad de la iglesia «Nueva Jerusalén» hizo un llamado enérgico a las autoridades de los tres órdenes de gobierno (local, estatal y federal) para que se investigue a fondo el proceder y la legalidad con la que actuó el grupo táctico FIRT-OLMECA al desmantelar sistemas de seguridad privada y comunitaria que contaban con una finalidad estrictamente civil y pacífica.
