Fernando Yunes Márquez salió a la defensa de los contratos vinculados a la pareja de su hermano, Miguel Ángel Yunes Márquez, y aseguró que son legales aunque admitió que los documentos fueron editados antes de hacerse públicos.
En entrevista este martes, el exalcalde de Veracruz explicó que las observaciones sobre los convenios surgieron tras una revisión mediática que puso en duda su origen. “Los contratos existen, son legales y están registrados. Lo que se difundió fueron versiones editadas, no las íntegras”, declaró.
Yunes Márquez señaló que las modificaciones buscaban proteger datos personales y cláusulas de confidencialidad, pero reconoció que eso generó especulación. “Al editarlos se prestó a malas interpretaciones. Debimos presentarlos completos desde el inicio”, dijo.
Los señalamientos apuntan a presuntos acuerdos otorgados durante la administración estatal panista entre 2016 y 2018, donde empresas relacionadas con la pareja de Miguel Ángel Yunes Márquez habrían recibido contratos públicos. La información circuló en redes y portales locales durante el fin de semana.
Fernando Yunes insistió en que no hubo tráfico de influencias ni desvío de recursos. “Que los revisen las autoridades. Estamos abiertos a cualquier auditoría. No hay nada que esconder”, afirmó. También pidió que el tema no se use para “golpeteo político” en el actual proceso electoral de Veracruz.
Cuestionado sobre el papel de su hermano, evitó dar detalles y pidió esperar los resultados de las indagatorias. “Miguel Ángel sabrá responder en su momento. Yo hablo por lo que me consta”, agregó.
Hasta ahora, ni la Auditoría Superior de la Federación ni la Fiscalía Anticorrupción de Veracruz han confirmado la apertura de una investigación formal. Sin embargo, legisladores de oposición ya solicitaron que se cite a los exfuncionarios involucrados para rendir cuentas.
El caso revive la polémica sobre los negocios familiares durante el bienio de Miguel Ángel Yunes Linares, padre de ambos políticos. En 2019, la ASF ya había observado contratos similares por más de 120 millones de pesos.
Fernando Yunes cerró pidiendo que se publique la versión completa de los documentos para “terminar con las versiones a medias”.
