PODER Y CRÍTICA | REDACCIÓN | Integrantes de comunidades mayas en Quintana Roo solicitaron mayor claridad en las normas relacionadas con la explotación y uso de símbolos patrimoniales, con el objetivo de que los beneficios económicos y culturales alcancen a todas las comunidades originarias.
La petición surge luego del fallo emitido hace casi dos meses por la Suprema Corte de Justicia de la Nación en contra de Grupo Xcaret, relacionado con el uso de elementos culturales indígenas. Sin embargo, el resolutivo definitivo y sus efectos aún no han sido publicados oficialmente.
Comunidades aclaran que no buscan frenar actividades
Hermelindo Be Cituk, coordinador estatal de la Asamblea Nacional Indígena Plural por la Autonomía, explicó que en recientes reuniones comunitarias se manifestó la necesidad de establecer reglas más transparentes para el aprovechamiento del patrimonio cultural maya.
De acuerdo con el representante, las comunidades no buscan confrontarse con Grupo Xcaret, sino garantizar que exista una regulación clara y beneficios compartidos.
“Las comunidades quieren que se regularice el uso del patrimonio cultural y que exista un beneficio colectivo”, señaló.
Piden reglamento específico sobre patrimonio indígena
Empresarios y representantes comunitarios también han planteado la necesidad de elaborar el reglamento de la Ley Federal de Protección del Patrimonio Cultural de los Pueblos y Comunidades Indígenas y Afromexicanas, legislación utilizada en el proceso jurídico relacionado con la empresa turística.
El pasado 26 de marzo, ministros de la Corte resolvieron un incidente de revisión relacionado con la utilización de símbolos culturales; sin embargo, el documento final que definirá las implicaciones concretas del fallo continúa pendiente.
Buscan beneficios colectivos para pueblos originarios
Representantes mayas insistieron en que cualquier esquema relacionado con derechos de autor o explotación comercial de símbolos culturales debe beneficiar de manera amplia a las comunidades indígenas y no únicamente a grupos particulares.
Tras la resolución judicial, también han surgido otros procedimientos legales y revisiones relacionadas con actividades de la empresa turística, incluyendo temas fiscales y uso de marca.
