La entrega ante autoridades estadounidenses de Gerardo Mérida Sánchez y Enrique Díaz Vega, exsecretarios de Seguridad Pública y de Finanzas de Sinaloa, intensificó la presión política y judicial sobre el círculo cercano del exgobernador con licencia, Rubén Rocha Moya, señalado por autoridades de Estados Unidos por presuntos vínculos con el crimen organizado.
Mérida Sánchez ya compareció ante una corte federal en Nueva York, donde se declaró no culpable de los cargos relacionados con narcotráfico, tráfico de armas y presunta colaboración con la facción de “Los Chapitos” del Cártel de Sinaloa. Sin embargo, versiones citadas por medios nacionales indican que el exfuncionario militar podría colaborar con el Departamento de Justicia estadounidense como testigo cooperante.
De acuerdo con reportes oficiales, el exsecretario cruzó desde Sonora hacia Arizona, donde fue detenido y posteriormente trasladado a Nueva York para enfrentar el proceso judicial.
Por su parte, Enrique Díaz Vega, exresponsable de Finanzas en el gobierno sinaloense, también decidió ponerse a disposición de las autoridades estadounidenses mientras se encontraba fuera de México. Las investigaciones lo ubican presuntamente como operador financiero y enlace político dentro de la red señalada por fiscales estadounidenses.
Las acusaciones sostienen que habría facilitado el ingreso de funcionarios vinculados al crimen organizado dentro de estructuras gubernamentales y participado en presuntas operaciones de presión política durante el proceso electoral de 2021 en Sinaloa.
Con ambos exfuncionarios ya bajo proceso, continúan pendientes otros nombres incluidos en las investigaciones abiertas en Nueva York. Entre ellos aparecen el propio Rubén Rocha Moya; el alcalde con licencia de Culiacán, Juan de Dios Gámez Mendívil; el senador Enrique Inzunza; el exmando policial Juan Valenzuela Millán; así como funcionarios estatales y mandos de seguridad señalados por presunta colaboración con el Cártel de Sinaloa.
Hasta ahora, el Gobierno de México y la Fiscalía General de la República han señalado que cualquier acción legal dependerá de las pruebas que presenten las autoridades estadounidenses dentro del proceso en curso.
