La Fiscalía General de la República, FGR, abrió una carpeta de investigación para determinar si la Fiscalía General del Estado de Chihuahua, FGE, invadió competencias exclusivas de la Federación al ejecutar un operativo antidrogas el 2 de mayo en Ciudad Juárez, en el que habrían participado agentes de la Agencia Central de Inteligencia de Estados Unidos, CIA, sin notificación ni autorización del Gabinete de Seguridad Nacional.
La indagatoria, radicada en la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada, FEMDO, deriva de un informe de la Secretaría de la Defensa Nacional que reportó la presencia de cinco ciudadanos estadounidenses armados y con equipo táctico durante el cateo a tres inmuebles en la colonia Anáhuac. En la acción se detuvo a 11 personas y se aseguraron 380 kilos de fentanilo, 14 armas largas y 2.1 millones de dólares. La FGE de Chihuahua informó en su momento que el operativo fue “coordinado con autoridades internacionales”, pero no precisó con cuáles.
Fuentes de la FGR señalaron que la Constitución y la Ley de Seguridad Nacional reservan a la Federación la conducción de operaciones con agencias extranjeras en materia de delincuencia organizada, especialmente cuando se trata de temas de inteligencia y drogas. El artículo 89 faculta exclusivamente al Ejecutivo federal, a través de la FGR y la Sedena, para autorizar la presencia de personal extranjero armado en territorio nacional. La Fiscalía estatal habría actuado con base en una orden de cateo emitida por un juez local, sin dar vista a la FEMDO ni al Centro Nacional de Inteligencia.
La FGR solicitó a la FGE copias de la carpeta de investigación, bitácoras, oficios de colaboración y los nombres de los extranjeros que participaron. También pidió a la Secretaría de Relaciones Exteriores informar si existió nota diplomática que avalara la presencia de agentes de la CIA. Hasta el cierre de esta edición, la Cancillería no había respondido. La embajada de Estados Unidos en México dijo que “no comenta sobre asuntos de inteligencia”, pero reiteró que la cooperación bilateral se rige por el Entendimiento Bicentenario.
El fiscal de Chihuahua, César Jáuregui Moreno, defendió la legalidad del operativo y aseguró que se trató de “intercambio de información en tiempo real” con una agencia estadounidense, sin que los extranjeros dirigieran acciones. “Se actuó ante riesgo inminente. El fentanilo iba a cruzar esa noche a El Paso”, declaró. Agregó que su dependencia entregará todo lo requerido por la FGR.
Especialistas en seguridad consultados indicaron que, de confirmarse la invasión de competencias, la FGR podría atraer la totalidad de la carpeta, solicitar la nulidad de actuaciones y presentar cargos por ejercicio ilícito del servicio público contra mandos estatales. La pena va de 2 a 7 años de prisión.
La Comisión Nacional de Derechos Humanos abrió queja de oficio por posible violación al debido proceso de los detenidos, quienes alegan que los interrogatorios iniciales los realizaron personas que no se identificaron como autoridad mexicana.
La FGR tiene 10 días para resolver si atrae el caso. Mientras tanto, los 11 detenidos quedaron a disposición de un juez federal en Almoloya de Juárez y los bienes asegurados están bajo resguardo de la Sedena.
