Colegios y barras de abogados de Campeche exigieron al Congreso del Estado frenar la discusión “apresurada” de la reforma judicial local y convocar a un parlamento abierto con participación de juristas, académicos, jueces y sociedad civil, antes de dictaminar cualquier cambio.
En conferencia conjunta, el Colegio de Abogados de Campeche, la Barra Mexicana Capítulo Campeche y la Asociación de Jueces y Magistrados en Retiro entregaron un pronunciamiento de 12 puntos a la Oficialía de Partes del Poder Legislativo. El documento advierte que la iniciativa, presentada el 29 de abril, plantea elegir por voto popular a 18 magistrados y 42 jueces en 2027, reducir el Consejo de la Judicatura de cinco a tres integrantes y recortar el presupuesto del Poder Judicial en 15%, sin diagnósticos técnicos ni estudios de impacto.
“Una reforma de este calado no puede procesarse en 10 días. Se vulnera la carrera judicial, la independencia y el acceso a una justicia profesional”, señaló la presidenta del Colegio, Leticia Chablé. Los abogados pidieron suspender el dictamen previsto para el 15 de mayo y abrir al menos cuatro foros regionales en Carmen, Escárcega, Champotón y la capital, con transmisión pública y relatorías.
Entre sus observaciones destacan: falta de requisitos de experiencia para candidatos a jueces, ausencia de mecanismos de evaluación, riesgo de captura política en las elecciones y eliminación de la Escuela Judicial. También alertaron que desaparecer los tribunales laborales y administrativos para fusionarlos en juzgados mixtos saturaría el sistema.
La iniciativa replica en lo local la reforma federal aprobada en 2024. El Congreso de Campeche, con mayoría de Morena y aliados, argumenta que busca “democratizar la justicia” y eliminar privilegios. Sin embargo, el Poder Judicial del Estado envió una tarjeta informativa al Legislativo señalando que la reducción presupuestal dejaría sin operar a 11 juzgados de primera instancia y retrasaría 9 mil expedientes.
La Comisión de Puntos Constitucionales respondió que analizará la solicitud de parlamento abierto el lunes 11 de mayo. Mientras tanto, 1,200 litigantes anunciaron que, de no haber diálogo, promoverán amparos y movilizaciones. La Universidad Autónoma de Campeche ofreció su auditorio para los foros.
El magistrado presidente, José Antonio Cabrera, respaldó la petición: “La justicia no se improvisa. Escuchar a quienes litigan y juzgan todos los días evita colapsos”. Los abogados insistieron en que no se oponen a mejorar el sistema, pero reclamaron técnica, tiempo y consenso. “La prisa es enemiga de la justicia”, concluyeron.
