El secretario de Seguridad Pública de Sinaloa promovió un juicio de amparo ante un juez federal para evitar cualquier orden de detención provisional con fines de extradición que pudiera solicitar Estados Unidos, luego de que la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York incluyera a diez funcionarios estatales en una acusación por presuntos vínculos con la facción de Los Chapitos del Cártel de Sinaloa.
La demanda de garantías, presentada el 5 de mayo, busca suspender de manera inmediata la ejecución de una posible orden de captura derivada de la solicitud que Washington envió a la Secretaría de Relaciones Exteriores el 28 de abril. En ella, el Departamento de Justicia pidió la detención provisional del gobernador Rubén Rocha Moya, del alcalde de Culiacán, Juan de Dios Gámez, del vicefiscal Dámaso Castro y de otros siete servidores públicos, entre ellos el titular de Seguridad estatal, por supuestamente facilitar operaciones de tráfico de drogas hacia Estados Unidos.
La Consejería Jurídica de la Presidencia aclaró este lunes que no se trata de una solicitud formal de extradición, sino de una “detención provisional con fines de extradición” que, conforme al artículo 11 del tratado bilateral, solo procede en casos de urgencia acreditada. La Fiscalía General de la República concluyó que “no se aportaron pruebas que acrediten la urgencia”, por lo que la petición “no se encuentra debidamente fundamentada” y solicitó más información a la parte requirente.
En su amparo, el secretario de Seguridad argumenta que la solicitud estadounidense viola el debido proceso, carece de datos de prueba y vulnera el fuero constitucional que protege a los funcionarios estatales. El escrito cita que la acusación norteamericana se basa en testimonios de criminales extraditados y no en evidencia directa, por lo que una detención sería “arbitraria e ilegal”.
La presidenta Claudia Sheinbaum reiteró que su gobierno “no encubrirá a nadie que haya cometido un delito”, pero advirtió que tampoco permitirá “la intromisión de un gobierno extranjero” sin pruebas claras. La Cancillería ya pidió a Estados Unidos justificar por qué considera urgente la captura, mientras la FGR inició una investigación para determinar si existen elementos que sustenten una orden de aprehensión en territorio nacional.
El secretario de Seguridad estatal, que mantiene sus funciones, señaló a través de su defensa que se presentará ante cualquier autoridad que lo requiera y que el amparo solo busca evitar una detención sin sustento jurídico. Mientras tanto, el gabinete de seguridad federal reforzó la vigilancia en Sinaloa y reiteró que la coordinación con el estado se mantiene para garantizar la gobernabilidad.
