La Fiscalía General de la República (FGR) llamó a declarar a cerca de 50 personas que participaron en el operativo del 19 de abril en la sierra de Chihuahua, donde autoridades mexicanas y agentes de la CIA buscaban desmantelar un narcolaboratorio y murieron cuatro personas, entre ellas dos elementos estadounidenses.
“Hemos logrado avanzar con la indagatoria”, informó este lunes el vocero Ulises Lara. Las entrevistas se realizarán en los próximos días para esclarecer la presencia de los agentes extranjeros, que ingresaron al país sin autorización para actividades operativas: uno como turista y otro con pasaporte diplomático, según confirmó el Gabinete de Seguridad.
El caso detonó una crisis institucional. La FGR abrió dos carpetas de investigación: una por el hallazgo del laboratorio clandestino entre los municipios de Morelos y Guachochi, y otra por posibles delitos contra la seguridad nacional por la participación de agentes de la CIA sin aval federal. La Ley de Seguridad Nacional prohíbe que extranjeros ejerzan funciones de autoridad o apliquen leyes de otro país en territorio mexicano.
El accidente ocurrió cuando una camioneta con cuatro ocupantes cayó a un barranco durante el regreso del operativo. Murieron dos agentes de la Agencia Estatal de Investigación de Chihuahua y los dos estadounidenses, identificados después como elementos de la CIA. La Fiscalía de Chihuahua reconoció que la participación de los agentes “se mantuvo limitada” al director de la AEI y su círculo inmediato, pero admitió omisiones en los mecanismos de control.
La presidenta Claudia Sheinbaum envió una nota diplomática a Estados Unidos para exigir explicaciones, al subrayar que ni Defensa, ni la Cancillería ni la Secretaría de Seguridad fueron notificadas. La gobernadora Maru Campos creó una unidad especial para investigar, mientras el fiscal estatal César Jáuregui renunció tras aceptar que la información inicial era “inconsistente”.
La FGR ya requirió a la Embajada de http://EE.UU. verificar las acreditaciones de los agentes fallecidos y determinar bajo qué mando actuaron. Mientras tanto, el Senado exigió precisar si hubo autorización federal y recordó que cualquier presencia extranjera debe ajustarse al artículo 71 de la Ley de Seguridad Nacional.
A dos semanas del accidente, las indagatorias continúan. La FGR prometió comunicar los resultados “de manera transparente y oportuna”. Que no se acopie la verdad: el operativo que debía desmantelar un laboratorio terminó exhibiendo los vacíos de coordinación entre gobiernos.
