Hacinamiento, escasa atención médica, ambientes insalubres y procesos de deportación retrasados: eso encontraron los cónsules mexicanos en más de 220 visitas a centros de detención del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) realizadas en las últimas dos semanas.
La revisión diaria fue ordenada por la presidenta Claudia Sheinbaum tras la muerte del mexicano Alejandro Cabrera Clemente en el Centro Correccional de Winn, Louisiana, el 15.º fallecimiento de un connacional bajo custodia de ICE desde que Donald Trump regresó a la Casa Blanca el 20 de enero de 2025.
Los reportes enviados a la Secretaría de Relaciones Exteriores detallan “deficiencias estructurales persistentes” en instalaciones como Otay Mesa, California: falta de atención médica adecuada, alimentación insuficiente e infraestructura precaria. Bajo nuevas exenciones legales aprobadas en 2025, el tiempo promedio de custodia se ha extendido hasta 44 días, muy por encima del límite previo de una semana, lo que agrava el impacto físico y psicológico de los detenidos.
En total, 13,722 mexicanos permanecen recluidos en centros del ICE, según datos de la Cancillería. El subsecretario para América del Norte, Roberto Velasco, indicó que 13 connacionales han perdido la vida bajo custodia de la corporación estadounidense: cuatro en California, tres en Georgia, dos en Arizona y el resto en Texas, Missouri, Illinois y Florida.
Los hallazgos coinciden con denuncias de abogados y organizaciones. En el centro de Adelanto, California, cuatro detenidos demandaron a ICE por “condiciones ilegales y peligrosas”: comida insuficiente o en mal estado, agua con mal sabor y mantas delgadas para el frío. La demanda señala que las redadas masivas elevaron la población de tres a casi 2,000 personas sin personal médico ni infraestructura suficiente.
El Departamento de Seguridad Nacional rechaza las acusaciones y asegura que los detenidos reciben tres comidas, agua potable, ropa, atención médica y acceso a llamadas. Sin embargo, un juez federal ordenó el 26 de mayo el inicio de un juicio contra ICE por condiciones “inhumanas” en Nueva York, donde migrantes dormían en el suelo, compartían dos inodoros sin privacidad y carecían de duchas.
La SRE informó que mantendrá las visitas diarias y prepara una estrategia legal para hacer visibles los abusos. “México rechaza prácticas que criminalizan la migración y atentan contra los derechos humanos”, señaló el canciller Juan Ramón de la Fuente.
