Una Corte Federal de Apelaciones en Estados Unidos bloqueó la orden ejecutiva del presidente Donald Trump que buscaba suspender el acceso al asilo en la frontera sur, una de las principales medidas de su política migratoria.
El fallo fue emitido por un panel de tres jueces del Circuito del Distrito de Columbia, quienes determinaron que la legislación vigente garantiza a las personas el derecho a solicitar asilo y que el Ejecutivo no puede anular ese proceso de manera unilateral.
La resolución deriva de una orden firmada por Trump en 2025, en la que calificó la situación migratoria como una “invasión” y dispuso la suspensión de la entrada de migrantes, así como la posibilidad de solicitar asilo, hasta nuevo aviso.
Los magistrados concluyeron que la Ley de Inmigración y Nacionalidad no otorga facultades al presidente para crear procedimientos alternos que permitan expulsiones inmediatas sin respetar los mecanismos legales establecidos, ni para eliminar el derecho a pedir protección internacional.
En su opinión, la jueza J. Michelle Childs señaló que la autoridad presidencial para restringir el ingreso de extranjeros no implica la capacidad de anular los procesos obligatorios establecidos por el Congreso.
Tras el fallo, el gobierno estadounidense podría solicitar una revisión ante el pleno de la corte o recurrir a la Corte Suprema de Estados Unidos.
Desde la Casa Blanca, la vocera Karoline Leavitt criticó la decisión y acusó a los jueces de actuar con motivaciones políticas, mientras que el Departamento de Justicia adelantó que buscará impugnar la resolución.
Por su parte, organizaciones civiles como la American Civil Liberties Union celebraron el fallo, al considerar que protege el derecho de las personas que huyen de la violencia y la persecución.
El caso se da en un contexto de endurecimiento de las políticas migratorias en Estados Unidos, que han incluido intentos de acelerar deportaciones, limitar el acceso al asilo y reforzar la seguridad en la frontera sur.
Especialistas advierten que, aunque la decisión representa un freno a estas medidas, el panorama legal aún podría cambiar dependiendo de futuras resoluciones judiciales.
