El Ayuntamiento de Huimanguillo erogó más de 18.7 millones de pesos entre 2025 y el primer trimestre de 2026 a una empresa que no aparece en el Padrón de Proveedores del municipio ni en el Registro Único de Proveedores y Contratistas (RUPC) del Gobierno del Estado, según reveló la primera entrega de la Cuenta Pública 2025 del Órgano Superior de Fiscalización del Estado de Tabasco (OSFE).
Los pagos, detectados en la partida 3000 “Servicios Generales”, corresponden a supuestas labores de “mantenimiento de caminos rurales”, “suministro de luminarias” y “arrendamiento de maquinaria” realizadas entre noviembre de 2024 y febrero de 2026. Sin embargo, al cruzar facturas, contratos y el padrón vigente, auditores no hallaron alta del proveedor, domicilio fiscal verificable ni contratos firmados con dictamen de excepción o licitación pública.
El OSFE documentó que los recursos salieron de participaciones federales del Ramo 28 y del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (Fortamun). En al menos tres transferencias, superiores a 4.2 millones cada una, el comprobante fiscal digital (CFDI) presenta inconsistencias: RFC cancelado desde 2023, régimen fiscal que no corresponde a obra pública y claves de producto-servicio genéricas. Tampoco hay evidencia fotográfica ni actas de entrega-recepción que acrediten los trabajos.
El alcalde de Huimanguillo, citado por el informe, argumentó que se trató de “adjudicaciones directas por emergencia” tras las lluvias de octubre de 2024, pero no presentó declaratoria de desastre ni dictámenes técnicos que justifiquen la excepción al artículo 134 constitucional. El área de Contraloría Municipal informó que inició un procedimiento administrativo, mientras la Síndica de Hacienda reconoció que el proveedor “está en proceso de regularización”.
Organizaciones como Observatorio Ciudadano Tabasco advirtieron que pagar a empresas sin registro viola la Ley de Adquisiciones local y la Ley General de Responsabilidades Administrativas, y abre la puerta a lavado de dinero y desvío de recursos. “No es un error administrativo: es un patrón que se repite en municipios con obra opaca”, señaló su director, Luis Alberto Hernández.
El caso ya fue turnado a la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, que deberá determinar si existe daño patrimonial. Mientras, el Cabildo aprobó solicitar a la Secretaría de la Función Pública una auditoría especial a todas las adjudicaciones directas de 2025 y 2026.
La Ley establece que los contratos con proveedores no inscritos son nulos de pleno derecho y los servidores públicos que los autoricen pueden enfrentar inhabilitación de 10 a 20 años y multas por el triple del daño causado. En Huimanguillo, el daño preliminar supera los 18 millones, monto equivalente al 40% del presupuesto anual para obra pública.
