La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), en coordinación con la Secretaría de Marina y la Guardia Nacional, abrió una investigación formal por presunto tráfico de aves silvestres y primates en los municipios de Veracruz y Medellín de Bravo, tras detectar indicios de captura, traslado y venta ilegal de especies protegidas en la zona conurbada.
La indagatoria deriva del operativo regional contra el tráfico de vida silvestre realizado del 11 al 15 de marzo en siete entidades del sureste, incluidos Veracruz, Tabasco, Oaxaca y Quintana Roo. En esa acción se aseguraron 138 ejemplares —aves canoras, psitácidos, reptiles, arácnidos y mamíferos— y se inspeccionaron más de 300 vehículos y embarcaciones. Aunque en Veracruz y Tabasco no se detectaron irregularidades durante los filtros carreteros, las denuncias ciudadanas posteriores llevaron a focalizar la vigilancia en el puerto de Veracruz y Medellín de Bravo, donde se ha documentado el comercio clandestino de cotorras argentinas, pericos y monos araña.
En la zona costera del municipio de Veracruz, biólogos locales reportan desde 2013 la presencia creciente de Myiopsitta monachus, la cotorra argentina, introducida por contrabando y hoy considerada plaga. Ejemplares capturados son ofrecidos en redes sociales y mercados informales como mascotas, pese a que su tenencia requiere permisos de Semarnat y PIMVS. A esto se suma la extracción de monos araña y aulladores en áreas selváticas cercanas, especie clasificada como en peligro y cuyo comercio está prohibido desde 2008.
Autoridades ambientales señalan que el tráfico de fauna opera de forma paralela al narcotráfico y la trata, usando rutas y redes entrelazadas. “El crimen organizado impulsa este comercio porque deja ganancias rápidas y la legislación no siempre lo tipifica como delincuencia organizada”, advierten organizaciones como Mongabay. Los ejemplares suelen viajar hacinados; gran parte muere en el traslado.
La investigación en Veracruz incluye vigilancia en puntos de captura ilegal y revisión de criaderos que operan sin autorización. Profepa recordó que la Ley General de Vida Silvestre exige acreditar la legal procedencia de cualquier ave o mamífero, y que el delito se castiga con multas de 300 a 3 mil días de salario y penas de uno a nueve años de prisión. Los animales asegurados son evaluados por veterinarios para determinar si pueden reintegrarse a su hábitat o deben canalizarse a UMA autorizadas.
Mientras tanto, la dependencia mantiene filtros carreteros y exhorta a la ciudadanía a denunciar la venta de fauna en redes o tianguis. El objetivo: frenar una red que, además de lucrar con especies como el guacamayo rojo, el loro cabeza amarilla y los monos, debilita la biodiversidad del Golfo de México y coloca a Veracruz como punto crítico en la ruta del tráfico ilegal.
