La Sección Décima de la Audiencia Provincial de Barcelona confirmó este lunes la absolución de Neymar da Silva Santos Júnior, del expresidente del FC Barcelona Sandro Rosell y del exdirigente Josep Maria Bartomeu por los delitos de estafa y corrupción entre particulares en el traspaso del jugador desde el Santos en 2013.
El tribunal desestimó los recursos de apelación presentados por la Fiscalía, la Abogacía del Estado y la empresa brasileña DIS, que reclamaba 35 millones de euros por considerar que se ocultó el valor real de la operación. La sentencia de segunda instancia ratifica el fallo de diciembre de 2022 y declara que no quedó acreditado engaño ni perjuicio económico doloso.
Claves del caso
DIS poseía el 40% de los derechos federativos de Neymar cuando jugaba en el Santos y recibió 6.8 millones por el traspaso. La acusación sostenía que el Barça y el jugador pactaron contratos paralelos por 40 millones para la sociedad N&N, de la familia del futbolista, lo que habría reducido artificialmente el precio oficial de 17.1 millones y disminuido el pago a DIS. La Audiencia concluye que los acuerdos eran lícitos, conocidos por el Santos y que DIS firmó finiquitos en 2011 y 2013 renunciando a reclamaciones futuras.
Argumentos de la sala
Los magistrados señalan que no hubo simulación contractual ni animus defraudatorio. Subrayan que el derecho a la imagen y los contratos de preferencia son habituales en el fútbol y que la carga de la prueba del engaño recaía en las acusaciones, sin que se aportaran correos o documentos concluyentes. También absuelven a los padres de Neymar y a los exdirigentes del Santos.
Reacciones
Neymar, actualmente en el Al-Hilal saudí, publicó en redes: “Se hizo justicia. Siete años defendiendo mi honor”. El FC Barcelona celebró la resolución y recordó que la FIFA y el TAS ya habían archivado procedimientos deportivos. DIS anunció que estudia un recurso de casación ante el Tribunal Supremo, último tramo judicial posible.
Con esta decisión, queda cerrado el proceso penal iniciado en 2015 tras la querella de DIS. La vía civil sigue abierta, aunque la empresa reconoce que el fallo penal debilita sus opciones.
