PODER Y CRÍTICA | REDACCIÓN | El feminicidio de Edith Guadalupe escaló a nivel federal luego de que la presidenta Claudia Sheinbaum instruyera que el caso sea esclarecido mediante una “investigación científica”, basada en pruebas periciales sólidas que permitan determinar responsabilidades sin margen de duda.
Durante su posicionamiento, la mandataria calificó el crimen como “muy lamentable” y subrayó que la indagatoria no debe limitarse a testimonios, sino sustentarse en evidencia técnica que fortalezca el proceso judicial.
El caso ha generado una fuerte polémica tras las denuncias de la familia de la víctima, quienes acusaron a funcionarios de la Fiscalía capitalina de haber solicitado dinero para agilizar la búsqueda de la joven cuando aún se encontraba desaparecida.
Ante estos señalamientos, autoridades confirmaron la separación del cargo de servidores públicos presuntamente involucrados, mientras se desarrolla una investigación tanto administrativa como penal para esclarecer posibles actos de corrupción.
Sheinbaum también expresó su respaldo a la titular de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, Bertha Alcalde Luján, a quien calificó como una funcionaria “honesta y con valores”, y pidió permitir que las investigaciones avancen con rigor.
El caso ha evidenciado presuntas irregularidades en el manejo inicial de la desaparición, lo que ha incrementado la desconfianza de familiares y allegados hacia las autoridades encargadas de procurar justicia.
Durante el sepelio de Edith Guadalupe, familiares y amigos manifestaron su indignación y exigieron justicia, denunciando que no solo enfrentan la pérdida, sino también un proceso marcado por omisiones y posibles actos indebidos por parte de funcionarios.
Mientras tanto, la Fiscalía mantiene una línea de investigación clara y un presunto responsable detenido; sin embargo, será en las próximas etapas del proceso judicial donde se determine su situación jurídica y se esclarezcan completamente los hechos.
El caso se ha convertido en un símbolo de exigencia social frente a la violencia de género y la necesidad de garantizar investigaciones transparentes, eficaces y libres de corrupción.
