Tantoyuca, Veracruz. A seis años de su detención, organizaciones indígenas, colectivos de derechos humanos y familiares de Higinio Bustos Jiménez, campesino náhuatl de 47 años, marcharon este viernes 25 de abril de 2026 por las calles de Tantoyuca para exigir su liberación inmediata y la revisión de su proceso penal. Bustos, originario de la comunidad de Chopopo, está preso desde el 28 de abril de 2020 en el Centro de Readaptación Social de Tantoyuca, sentenciado a 20 años por el delito de homicidio calificado. Sus defensores sostienen que es un preso político, criminalizado por su oposición a la tala en la Sierra de Otontepec y por acompañar reclamos agrarios.
La movilización reunió a cerca de 800 personas, según Protección Civil municipal, y partió a las 10:30 horas del parque Constitución hacia el juzgado mixto de primera instancia. Participaron integrantes del Consejo Regional Indígena de la Huasteca, la Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos, el Centro de Derechos Humanos “Toaltepeyolo” y autoridades comunitarias de 14 localidades nahuas de Tantoyuca, Chicontepec y Chalma. Con mantas que decían “Higinio sembró árboles, no muerte” y “Justicia, no cárcel para quien defiende la tierra”, los manifestantes realizaron un mitin de dos horas frente al juzgado y entregaron un pliego petitorio al Tribunal Superior de Justicia del Estado.
El caso
Higinio Bustos fue detenido el 28 de abril de 2020 por agentes de la Policía Ministerial en su milpa, acusado de participar en la muerte de Gregorio H. M., ocurrida el 17 de enero de 2019 durante un conflicto por límites de parcelas en Chopopo. La Fiscalía Regional lo presentó como coautor material y el juez de control le dictó prisión preventiva. El 14 de octubre de 2021, el juez tercero de primera instancia lo sentenció a 20 años con base en dos testimonios y sin pruebas periciales de su presencia en el lugar, afirma la defensa. Bustos siempre declaró ser inocente y dijo que ese día estaba en una asamblea ejidal en Xilozuchil, a 12 kilómetros, hecho que sostienen 11 testigos comunales.
Desde 2018, Bustos era delegado del Comité de Vigilancia del Bosque de Niebla en Otontepec y había denunciado tala ilegal ante la Profepa. También acompañaba a familias de La Peña y San Sebastián en la exigencia de ejecución de resoluciones agrarias. “Lo detuvieron tres meses después de que paramos cinco camiones cargados de cedro. Eso no es coincidencia”, dijo su esposa, Marta Santiago, durante el mitin.
Irregularidades señaladas
El Centro de Derechos Humanos “Toaltepeyolo” documentó que Bustos no contó con intérprete náhuatl en su primera declaración, pese a que es su lengua materna, y que firmó documentos sin comprenderlos plenamente. Además, la carpeta 112/2019 no incluye geolocalización de su teléfono, ni prueba de balística que lo vincule. El peritaje de la Fiscalía se basó en testimonios de dos personas que, según la comunidad, tienen conflicto agrario con la familia de Bustos. La Comisión Estatal de Derechos Humanos emitió la recomendación 45/2022 para reponer el proceso con perspectiva intercultural, pero el Poder Judicial no la ha acatado.
En noviembre de 2024, el Grupo de Trabajo sobre Detención Arbitraria de la ONU consideró que su privación de libertad es arbitraria bajo las categorías I, II y III, por falta de base legal, por ejercer derechos como defensor y por inobservancia del debido proceso. Solicitó su liberación y reparación. El Gobierno de México respondió en febrero de 2025 que el caso está en apelación y que se respeta la autonomía judicial.
La jornada
La marcha avanzó por Hidalgo, 5 de Mayo y Juárez. Frente al juzgado, el consejo de ancianos de Chopopo realizó un ritual con copal y entregó un bastón de mando simbólico a la jueza en turno, Lorena Cruz, como “compromiso de escuchar”. La magistrada recibió el pliego que pide: 1) atracción del caso por la Sala Penal del TSJEV, 2) aplicación del Protocolo de Actuación para Quienes Imparten Justicia en Casos que Involucren Personas Indígenas, 3) revisión de pruebas con peritajes antropológicos, y 4) medidas de libertad durante el proceso. Cruz dijo que turnaría el documento “por los canales institucionales”.
A la par, 120 personas instalaron un plantón indefinido en la plaza central con casas de lona. Anunciaron ayuno rotativo cada 24 horas y una caravana a Xalapa el 5 de mayo. Amnistía Internacional y la Oficina en México del Alto Comisionado de la ONU para Derechos Humanos publicaron este viernes mensajes de seguimiento. La Secretaría de Gobierno de Veracruz informó que instaló una mesa de diálogo para el 30 de abril.
Contexto
Veracruz concentra 23 defensores indígenas presos, según el Registro de Agresiones de CEMDA, la cifra más alta del país. Tantoyuca tiene 71% de población indígena y 8 de cada 10 procesos penales contra hablantes de náhuatl entre 2018 y 2024 se siguieron sin intérprete, de acuerdo con datos obtenidos vía transparencia por Toaltepeyolo.
Bustos ha pasado 2,189 días preso. Desde el CERESO envía cartas a su comunidad y siembra hortalizas en el huerto penitenciario. “Si defender el monte es delito, soy culpable. Pero no maté”, escribió en la última, leída hoy por su hija de 16 años.
La marcha terminó a las 13:40 horas con el himno en náhuatl “To tlaltipac”. El plantón sigue.
