PODER Y CRÍTICA | REDACCIÓN | La organización Amnistía Internacional solicitó que la crisis de desapariciones en México sea reconocida como una emergencia nacional, ante la magnitud del problema que, asegura, representa una situación humanitaria grave.
De acuerdo con el organismo, en el país se contabilizan más de 133 mil personas desaparecidas, además de más de 72 mil cuerpos sin identificar y un nivel de impunidad que alcanza el 99.6%.
En una carta enviada al Comité contra la Desaparición Forzada de la Organización de las Naciones Unidas, la organización respaldó la activación del Artículo 34 de la convención internacional, mecanismo que permite abrir un canal de atención ante posibles violaciones graves y sistemáticas.
Amnistía destacó que la crisis también se refleja en la existencia de más de dos mil 300 colectivos de familiares que realizan labores de búsqueda, así como en el hallazgo de miles de fosas clandestinas en distintas regiones del país.
Asimismo, señaló que desde 2006 se ha concentrado la mayoría de los casos, lo que evidencia la persistencia del problema durante casi dos décadas.
El organismo calificó como un hecho relevante la decisión del comité de la ONU de iniciar un procedimiento internacional, al considerar que permitirá un diálogo más directo con el Estado mexicano.
En su posicionamiento, cuestionó la narrativa que atribuye las desapariciones únicamente a grupos delictivos, al advertir que existen casos en los que se ha documentado la participación o permisividad de autoridades.
También alertó sobre riesgos recientes que podrían afectar el acceso a la justicia y a la información, en un contexto marcado por altos niveles de impunidad.
Entre sus principales planteamientos, Amnistía Internacional pidió reconocer la crisis con carácter de emergencia nacional, fortalecer la protección a familiares y colectivos de búsqueda, y aceptar apoyo técnico internacional para mejorar los mecanismos de investigación.
Además, subrayó las condiciones de riesgo que enfrentan especialmente las mujeres buscadoras, quienes, en el ejercicio de su labor, han sido víctimas de amenazas y agresiones.
