PODER Y CRÍTICA | REDACCIÓN | Trece elementos del Ejército mexicano fueron vinculados a proceso por su presunta responsabilidad en el asesinato de las menores Leidy y Alexa, de 11 y 7 años, ocurrido hace 11 meses en el municipio de Badiraguato, Sinaloa.
El caso fue dado a conocer por el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, instancia que brinda acompañamiento legal a la familia de las víctimas.
De acuerdo con la información, los militares también enfrentan cargos por tentativa de homicidio en contra de una adolescente de 14 años, un menor de 12 y dos adultos, todos integrantes de la misma familia.
Así ocurrió el ataque
Los hechos se registraron el 6 de mayo de 2025 en la comunidad de La Cieneguilla, cuando la familia se dirigía en una camioneta hacia una escuela. En el trayecto, se encontraron con un bloqueo carretero y, posteriormente, fueron atacados por un convoy de tres vehículos militares.
Según las investigaciones, los elementos castrenses dispararon en más de cien ocasiones contra la unidad, provocando la muerte inmediata de las dos niñas.
En un inicio, el hecho fue presentado como un enfrentamiento; sin embargo, con el avance de las indagatorias, esta versión ha sido cuestionada.
Avances en la investigación
La organización señaló que existen elementos que apuntan a un uso “ilegítimo y arbitrario de la fuerza”. Además, informó que el pasado 31 de marzo se ejecutaron órdenes de aprehensión contra los 13 militares implicados.
Durante la audiencia, la Fiscalía presentó pruebas que, según el organismo, acreditan un uso letal de la fuerza de manera injustificada, lo que configuraría una actuación dolosa.
Debate sobre justicia militar
El caso también ha abierto un debate sobre la intervención de la jurisdicción militar, ya que, de manera paralela, se inició una investigación dentro de las Fuerzas Armadas.
Esto, advirtió la organización, podría contravenir estándares internacionales que limitan el uso del fuero militar en casos de violaciones graves a derechos humanos.
Exigen verdad y justicia
El Centro Prodh subrayó que este caso refleja los riesgos de la militarización en tareas de seguridad pública y reiteró la necesidad de garantizar justicia para las víctimas.
“La expectativa es que todas las instituciones estén a la altura del desafío que implica garantizar verdad y justicia”, señaló.
