PODER Y CRÍTICA | REDACCIÓN | Tras el fallo contra Grupo Xcaret, surgió un conflicto entre integrantes de comunidades mayas en Quintana Roo por un presunto pago millonario a miembros del Gran Consejo Maya para permitir el uso de símbolos patrimoniales en proyectos turísticos.
El presidente del organismo, Simón Caamal Coh, negó haber recibido las cantidades señaladas y advirtió que las acusaciones ponen en riesgo la seguridad de sus integrantes. Sin embargo, reconoció que sí existe un acuerdo con la empresa para el uso de símbolos mayas, por el cual se recibieron recursos económicos, sin precisar el monto.
La controversia tomó mayor relevancia luego de que la ministra Yasmín Esquivel Mosa revelara durante una sesión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación un contrato por 15 millones de pesos, pagaderos en cinco años, a cambio del uso de dichos elementos culturales.
En contraparte, Hermelindo Be Cituk, fundador de la Asamblea Nacional Indígena Plural por la Autonomía (ANIPA), informó que en una reunión realizada en Tixcacal Guardia se acordó exigir rendición de cuentas a los integrantes del Gran Consejo Maya por los acuerdos firmados.
En dicho encuentro participaron dignatarios Cruzo’ob, encabezados por el general Alejandro Cauich May, quienes demandaron transparencia sobre los convenios realizados en nombre de la comunidad.
Cabe recordar que el pasado 26 de marzo, la SCJN resolvió que la empresa debe dejar de utilizar símbolos mayas en sus atracciones; sin embargo, la medida aún no se ha ejecutado formalmente, ya que no se han notificado los efectos de la sentencia.
La disputa interna entre representantes mayas podría escalar a instancias legales, mientras continúan las exigencias de claridad sobre el manejo de recursos y la representación de los pueblos originarios.
