PODER Y CRÍTICA | REDACCIÓN | La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) declaró inconstitucional la intervención de comunicaciones privadas para fines de investigación por daños al erario, reforma aprobada el año pasado por el Congreso del Estado de Quintana Roo controlado por «La Mafia Verde» que comanda el diputado Renán Sánchez Tajonar, poniendo un alto a las persecuciones de políticos y empresarios considerados enemigos del actual gobierno estatal.
El golpe a los arribistas al poder que utilizaron las siglas de Morena para enquistarse como un cáncer en la política fue contundente; la jurisprudencia emitida y por la decretaron que todos los jueces del país deberán de rebotar cualquier solicitud de intervención, tomando en cuenta la situación de Quintana Roo por la creación de la Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado de Quintana Roo.
La Corte en una emisión de una jurisprudencia de carácter obligatorio para todo el país, que entró en vigor desde este lunes 23, tomó el ejemplo de los diputados de Quintana Roo que aprobaron la Ley Orgánica de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción del Estado de Quintana Roo, al establecer que la Fiscalía relativa puede pedir la intervención de las comunicaciones privadas, esto es llana y sencillamente era para espiar a los enemigos del sistema o a las proveedores que no se ‘mochaban’ por los representantes de «La Mafia Verde»
“El Tribunal Pleno de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver diversas acciones de inconstitucionalidad(…) determinó que el artículo 16 de la Constitución Federal reconoce el derecho a la inviolabilidad de comunicaciones privadas y que es atribución exclusiva de la autoridad judicial federal autorizar su intervención a solicitud únicamente de la autoridad federal que faculte la ley o del titular del Ministerio Público de las entidades federativas, con la finalidad de limitar y restringir el uso de tales diligencias”, se lee en la justificación del Pleno.
Los kiwis que detentan el poder bajo el cobijo de «La Mafia Verde», sentían que tenían un arma poderosa para silenciar a sus enemigos, por ello, la sociedad civil tramitó una acción de inconstitucionalidad que fue resuelta en noviembre pasado contra la modificación de la citada norma jurídica.
Además la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), expuso que el artículo 11 de dicha ley era ambigua sobre los sujetos que deben ser intervenidos por la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, lo que se conoce como principio de taxatividad en el ámbito jurídico, que deja en estado de vulnerabilidad a los quintanarroenses.
A partir de la sentencia se construyó la jurisprudencia que servirá de argumentos para combatir normas mal elaboradas en otras entidades del país, así como ocurrió con los diputados locales que una vez más fueron evidenciados por su mal trabajo legislativo.
Con es sabido, el Congreso de Quintana Roo está controlado por el Partido Verde Ecologista de México y no Por Morena que es mayoría, por la sencilla razón de que la mayoría de los declarados ‘morenos’, son afines o provienen de ese instituto político.
La negativa, les cayó como una cubeta de agua helada, pues «La Mafia Verde», sentía que tenían agarrados a todos sus posibles adversarios políticos en las elecciones del 2027.
«La Mafia Verde» dispone este año de más de 530 millones de pesos que, coludidos con los infiltrados de Morena están destinando a fines partidistas y con fines electoreros.
No se puede pasar por alto que la presidenta Claudia Sheinbaum declaró que Quintana Roo figura en octavo lugar en los estados con mayor costo por diputado local.
En la presentación de su “Plan B” de la Reforma Electoral, la Presidenta indicó que la reforma era para poner topes a los recursos asignados a los congresos de los estados:
Para alegar en favor de esta reforma, la presidenta mostró una tabla con los presupuestos de los congresos de cada estado, con el número de diputados y el costo de este Poder Legislativo, dividido entre estos legisladores.
Quintana Roo figura en octavo lugar de la lista, con un presupuesto anual de 536 millones de pesos, que divididos en los 25 diputados da un costo de casi 21.5 millones de pesos por legislador.
Si bien el presupuesto anual es inferior al de los otros estados en este “top 10”, Quintana Roo tiene una población más pequeña que los demás, lo que hace este costo más alto.
Claudia Sheinbaum alegó que, de ser limitados los recursos asignados a los Congresos Estatales, sobraría presupuesto para atender necesidades en estas entidades.
Con estos recortes y con la anulación de la «Ley Espía» de «La Mafia Verde» está arrinconada, porque las bases fundadoras de Morena y la figura de Rafael Marín Mollinedo crecen cada día en el ánimo popular, El pueblo ya se cansó de los verdes infiltrados en Morena, ese cáncer que correo a la política de Quintana Roo y permite la acumulación de fortunas al amparo de la Cuarta Transformación.
