Una coalición de fiscales demócratas solicitó al Congreso de Estados Unidos la aprobación de una legislación que obligue a la administración del presidente Donald Trump a devolver, con intereses, los aranceles que recientemente fueron declarados ilegales por el Tribunal Supremo de Estados Unidos.
A través de una carta dirigida a líderes legislativos, 17 fiscales estatales plantearon la necesidad de establecer un mecanismo automático de reembolso para las empresas afectadas por las medidas comerciales impulsadas durante la administración Trump.
En el documento, recordaron que el fallo del Supremo determinó que el gobierno federal no cuenta con facultades en tiempos de paz para imponer aranceles bajo la Ley de Poderes de Emergencia Económica Internacional, normativa que fue utilizada como sustento para dichas tarifas.
La misiva fue enviada al presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson; al líder republicano en el Senado, John Thune; así como a los líderes demócratas Hakeem Jeffries y Charles Schumer.
Los fiscales señalaron que las empresas y consumidores pagaron alrededor de 166 mil millones de dólares en aranceles, lo que derivó en un incremento de precios que impactó principalmente a pequeñas empresas y hogares de bajos ingresos.
En ese sentido, subrayaron que la propia administración se había comprometido en procesos judiciales a reembolsar los montos en caso de que los aranceles fueran invalidados, por lo que consideran que el Congreso debe garantizar el cumplimiento de ese compromiso.
Asimismo, calificaron como insuficiente la propuesta de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza, que plantea que cada afectado gestione individualmente su reembolso, incluso mediante demandas.
La coalición, encabezada por fiscales de Nueva York y Oregón, insistió en que se requiere una solución legislativa que permita una restitución ágil y equitativa, evitando procesos prolongados.
Finalmente, la fiscal general de Nueva York, Letitia James, advirtió que, de no actuar la administración federal, el Congreso debe intervenir para garantizar justicia tanto a consumidores como a empresas afectadas.
