PODER Y CRÍTICA | REDACCIÓN | Lo que comenzó como una fricción interna ha escalado a una crisis política abierta. En las últimas 24 horas, un bloque de diputados locales, anteriormente leales a la gobernadora Layda Sansores, ha decidido unirse a la oposición para frenar en seco una serie de reformas presupuestales que el Ejecutivo buscaba aprobar por la vía rápida. Esta «rebelión en la granja» ha dejado al Congreso del Estado en un punto de parálisis que no se veía desde el inicio del sexenio.
Los puntos clave del conflicto:
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La gota que derramó el vaso: El descontento estalló tras la propuesta de reasignar una partida millonaria de infraestructura municipal hacia «gastos de difusión y comunicación social». Los legisladores disidentes denuncian que se está priorizando la imagen pública y los programas de televisión por encima de las calles y los servicios básicos en los municipios de Hopelchén y Palizada.
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Denuncias de Intimidación: El bloque rebelde ha hecho pública una denuncia sobre presuntas presiones y «visitas de cortesía» por parte de operadores políticos cercanos a la gobernadora, buscando obligarlos a votar a favor. La respuesta de Layda Sansores ha sido fiel a su estilo: ha calificado a los diputados de «traidores al movimiento» y de haberse vendido a los intereses del PRI y Movimiento Ciudadano.
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Impacto en la Ciudadanía: Con el Congreso dividido, leyes fundamentales para la reactivación económica del puerto de Seybaplaya han quedado en el limbo. Los empresarios locales advierten que esta inestabilidad política aleja las inversiones que tanto necesita el estado tras el cierre de varios contratos petroleros en la zona.
¿Qué sigue? Se espera que esta tarde se lleve a cabo una reunión a puerta cerrada en el Palacio de Gobierno para intentar «alinear» a los diputados, pero el daño a la unidad del bloque oficialista parece irreversible. La pregunta en los pasillos políticos es: ¿Quién tiene realmente el control del Congreso hoy?
