PODER Y CRÍTICA | REDACCIÓN | Con la aprobación en el Senado de la reforma a la Ley de Vivienda, la senadora Anahí González Hernández se coloca como una de las principales impulsoras de una modificación de fondo en materia de derechos sociales. Fundadora de Morena en Quintana Roo, la legisladora promovió el dictamen que actualiza el marco jurídico para fortalecer el derecho constitucional a la vivienda y obligar al Estado a garantizar condiciones integrales de habitabilidad para las familias mexicanas.
La reforma modifica de manera directa los artículos 1, 2, 4, 5, 19, 34 y 77 de la Ley de Vivienda, sustituyendo el concepto de “vivienda digna y decorosa” por el de “vivienda adecuada” en todo el cuerpo normativo. Esto implica que la política nacional de vivienda, los programas públicos y los criterios de financiamiento deberán regirse por parámetros más amplios: seguridad jurídica en la tenencia, acceso efectivo a servicios básicos, habitabilidad estructural, accesibilidad, ubicación adecuada y costos que no comprometan otros derechos fundamentales. En términos prácticos, el Estado asume una obligación más precisa y medible en la planeación, construcción, mejoramiento y evaluación de vivienda, en congruencia con estándares promovidos por ONU-Hábitat.
La propuesta de la senadora Anahí González es congruente con la reforma constitucional aprobada en diciembre de 2024, cuando se estableció que el derecho a la vivienda es fundamental para la vida de las y los mexicanos y un pilar esencial para su desarrollo social y económico.
Para González Hernández, esta reforma forma parte de la Revolución del Bienestar al consolidar la vivienda como un derecho social integral y no como una mercancía. Con la aprobación del dictamen en el Senado, la senadora refuerza su agenda legislativa orientada a reducir desigualdades y a colocar la política de vivienda como eje estratégico del desarrollo social en México.
