Nuevas inconsistencias han sido detectadas en la relación contractual entre Petróleos Mexicanos (Pemex) y la empresa Cotemar, luego de que se documentaran modificaciones a contratos de alto valor económico realizadas durante 2025, las cuales habrían incrementado de manera exponencial los montos originalmente pactados, sin que existiera una justificación pública clara.
De acuerdo con información disponible en registros oficiales, ambas compañías habrían incurrido en prácticas de ampliación contractual que elevaron los montos iniciales hasta en miles de veces, lo que derivaría en compromisos de pago que, en conjunto, alcanzarían cifras de hasta 520 billones de pesos, con plazos extendidos hasta el año 2029.
Uno de los casos corresponde al contrato identificado con el número 648234819. Este acuerdo tenía un monto inicial cercano a los 22 mil 941 millones de pesos al 1 de julio; no obstante, una actualización publicada el 30 de septiembre de 2025 refleja un ajuste que modifica de forma significativa el valor total del contrato, sin que se especifiquen públicamente las razones del cambio.
Con base en la duración establecida del contrato, estimada en mil 825 días, los pagos diarios y horarios derivados del nuevo monto resultarían considerablemente elevados, lo que ha generado cuestionamientos sobre la proporcionalidad y legalidad de dichas modificaciones.
La información registrada en la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT) no detalla los motivos, criterios técnicos o legales que expliquen el aumento del monto contractual. Aunque se reportó la entrega de un documento denominado “convenio de ampliación” a la Secretaría Anticorrupción y de Buen Gobierno, este archivo carece de contenido sustantivo, ya que se trata de un documento sin información visible.
Este no sería un caso aislado. Un contrato previo, identificado con el número 648234815, también habría sido objeto de una ampliación significativa. En ese acuerdo, el monto originalmente estimado superaba los 29 mil millones de pesos, pero posteriormente fue incrementado de manera considerable para la realización de trabajos de mantenimiento en instalaciones costa afuera de la Región Marina, sin que se transparentara el convenio correspondiente.
En este último caso, tampoco se habilitó el acceso público al documento de ampliación, lo que contravendría disposiciones establecidas en la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, al limitar la posibilidad de consulta ciudadana.
Las presuntas irregularidades han generado llamados a una revisión exhaustiva de estos contratos, así como a esclarecer los procesos administrativos y financieros involucrados, a fin de garantizar el uso adecuado de recursos públicos.
