PODER Y CRÍTICA | REDACCIÓN | Los documentos fortalecen el derecho a la identidad y brindan certeza jurídica a personas originarias de San Francisco, California, y de diversas ciudades de Oregón.
El Gobierno del Estado, a través del Instituto para el Desarrollo de la Cultura Maya del Estado de Yucatán (Indemaya), recibió ante el Registro Civil del Estado más de 150 actas de doble nacionalidad con CURP, en beneficio de personas yucatecas originarias de San Francisco, California, y de distintas ciudades del estado de Oregón, con el propósito de fortalecer su derecho a la identidad y brindar certeza jurídica.
Esta acción fue coordinada por la Subdirección de Atención a Migrantes del Indemaya, como parte de los esfuerzos institucionales para garantizar el acceso a derechos fundamentales de la comunidad migrante yucateca que reside en el extranjero, mediante trámites que fueron iniciados meses atrás.
Durante la recepción de las actas, la directora del Indemaya, Fabiola Loeza Novelo, reconoció la colaboración del Registro Civil del Estado y el trabajo coordinado con su equipo. Asimismo, sostuvo un diálogo con el director del Registro Civil del Estado, Jorge Carlos De María Ramírez Granados, y destacó el acompañamiento del Consejero Jurídico, Gaspar Alemañy Ortiz, para consolidar el proceso.
Explicó que por primera vez, y como resultado de una coordinación institucional efectiva, se logró en tiempo récord la tramitación de más de 150 actas de nacimiento vinculadas al procedimiento de doble nacionalidad para migrantes yucatecos que viven en el exterior.
Las actas con CURP serán entregadas en próximos días en Estados Unidos, bajo un enfoque de trato directo, humano y responsable, conforme a las indicaciones del Gobernador Joaquín Díaz Mena, priorizando el bienestar de las familias y el respeto a los derechos humanos.
De esta manera, el Indemaya reafirma su compromiso de continuar acercando servicios que fortalezcan el derecho a la identidad, consoliden los vínculos con la comunidad migrante y contribuyan al bienestar y la seguridad jurídica de las familias yucatecas, dentro y fuera del país.
