PODER Y CRÍTICA | REDACCIÓN | Organizaciones defensoras de derechos humanos y acompañantes de las víctimas del incendio en la estación migratoria de Ciudad Juárez expresaron su preocupación por el reciente nombramiento de Francisco Garduño como director general de Centros de Formación para el Trabajo de la Secretaría de Educación Pública (SEP), al considerar que la decisión envía una señal negativa sobre el compromiso del Estado con la justicia y la rendición de cuentas.
A través de posicionamientos difundidos en redes sociales, la Fundación para la Justicia y el Instituto para las Mujeres en la Migración (IMUMI) recordaron que el excomisionado del Instituto Nacional de Migración (INM) continúa imputado por el delito de ejercicio ilícito del servicio público, en el marco del proceso judicial derivado del incendio ocurrido en marzo de 2023 en un centro de detención migratoria de Ciudad Juárez, tragedia que dejó 40 personas migrantes fallecidas.
Las organizaciones señalaron que la designación resulta especialmente delicada debido a que el proceso legal contra Garduño sigue abierto, por lo que, afirmaron, su incorporación a un nuevo cargo público “manda un mensaje alarmante” respecto al respeto a la verdad y la justicia para las víctimas y sus familias.
Asimismo, consideraron grave que el nombramiento no esté sustentado en una trayectoria vinculada al ámbito educativo, lo que —a su juicio— fortalece la percepción de que se trata de una decisión basada en criterios políticos y no en idoneidad profesional, afectando la confianza ciudadana en las instituciones.
IMUMI retomó el caso con la etiqueta #NoFueElIncendioFueElEstado, subrayando que la tragedia no debe entenderse como un hecho aislado, sino como resultado de fallas estructurales y responsabilidades institucionales. También cuestionó que el anuncio del nombramiento se acompañara de elogios hacia Garduño como “funcionario ejemplar”, difundidos por el secretario de Educación Pública, Mario Delgado, en redes sociales.
“Para las víctimas y sus familias, esta decisión puede interpretarse como un reconocimiento inmerecido que profundiza la impunidad y favorece el olvido institucional”, advirtieron las organizaciones, al recordar que además de las muertes, decenas de personas enfrentan secuelas permanentes tras el incendio.
Finalmente, coincidieron en que la asignación de cargos públicos no puede sustituir los procesos de justicia, ni eximir de responsabilidades pendientes en uno de los episodios más graves en materia de derechos humanos de los últimos años.
