PODER Y CRÍTICA | REDACCIÓN | El Gobierno de México rebasó la cifra de 90 criminales de alto perfil entregados a Estados Unidos durante la actual administración, tras concretar este martes un nuevo traslado masivo de operadores del crimen organizado considerados objetivos prioritarios por autoridades estadounidenses.
El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, informó que 37 personas privadas de la libertad fueron enviadas desde el Centro Federal de Readaptación Social (Cefereso) No. 1, El Altiplano, hacia territorio estadounidense, en un operativo aéreo que tuvo como punto de salida el Aeropuerto Internacional de Toluca.
De acuerdo con información oficial, los extraditados eran identificados como generadores de violencia y piezas clave dentro de distintas estructuras criminales con operación en México y vínculos internacionales, particularmente en el tráfico de drogas hacia Estados Unidos.
Quiénes fueron entregados
Entre los criminales trasladados se encuentra Ricardo González Sauceda, alias “El Ricky”, líder regional del Cártel del Noreste con presencia en Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas; así como Pedro Inzunza Noriega, “El Señor de la Silla”, padre de Pedro Inzunza Coronel y figura relevante dentro del cártel de los Beltrán Leyva.
También figuran Juan Pablo Bastidas Erenas, “Payo Zurita”, operador logístico de los Beltrán Leyva; Armando Gómez Núñez, “Delta 1”, líder del grupo criminal Los Deltas, afín al Cártel Jalisco Nueva Generación; y Daniel Alfredo Blanco Joo, “El Cubano”, operador del Cártel del Pacífico y objetivo prioritario del FBI, recientemente detenido en México.
Con este envío, suman ya 92 criminales de alto perfil extraditados en tres entregas masivas, todas realizadas en un periodo inferior a un año, lo que representa uno de los mayores esfuerzos de cooperación judicial bilateral en décadas.
Las tres entregas clave
El primer traslado simultáneo ocurrió el 27 de febrero de 2025, cuando México extraditó a 29 capos, entre ellos Rafael Caro Quintero, requerido por el asesinato del agente de la DEA Enrique “Kiki” Camarena; así como Miguel Ángel y Omar Treviño Morales, “Z-40” y “Z-42”, exlíderes de Los Zetas, y Vicente Carrillo Fuentes, “El Viceroy”, del Cártel de Juárez.
Posteriormente, el 12 de agosto de 2025, se concretó una segunda entrega con otros 26 criminales, incluyendo a Abigael González Valencia, “El Cuini”, operador financiero del CJNG; Servando Gómez Martínez, “La Tuta”, exlíder de los Caballeros Templarios; y mandos ligados a la facción de Los Chapitos.
La tercera y más reciente extradición, realizada en enero de 2026, elevó el total a más de 90 criminales entregados formalmente a las autoridades estadounidenses.
Un giro estratégico en seguridad
Para el internacionalista Eduardo González, académico del Tecnológico de Monterrey, esta política de extradiciones no debe interpretarse únicamente como una reacción a presiones de Washington, sino como parte de un rediseño previo de la estrategia de seguridad federal impulsado desde el inicio del gobierno de Claudia Sheinbaum.
“El cambio de estrategia se da por una convicción propia del gobierno mexicano, no como una respuesta inmediata a exigencias externas”, explicó el especialista, quien señaló que el nuevo enfoque privilegia la inteligencia criminal, la desarticulación de redes logísticas y financieras, y la captura de liderazgos clave.
González agregó que este viraje ha tenido efectos colaterales positivos en la relación bilateral, al reducir tensiones derivadas de discursos estadounidenses sobre una eventual intervención militar en territorio mexicano.
“Las detenciones y extradiciones también han servido para desactivar narrativas de presión política, particularmente las provenientes de Donald Trump”, afirmó.
Cooperación bilateral y reconocimiento internacional
Además de las extradiciones, el Gobierno Federal ha reportado la captura de al menos 13 criminales buscados directamente por autoridades de Estados Unidos, entre ellos Alejandro Rosales Castillo, uno de los 10 fugitivos más buscados por el FBI, y Otmane Khalladi, acusado de fraude electrónico y lavado de dinero por más de 21 millones de dólares.
El embajador de Estados Unidos en México, Ronald Johnson, destacó recientemente que estos casos reflejan el nivel de coordinación entre ambos países. “Cuando trabajamos juntos, los actores criminales no tienen cabida”, señaló en su cuenta oficial de X.
Más allá de la extradición
Analistas coinciden en que la política de seguridad mexicana ha transitado de una estrategia predominantemente disuasiva a una ofensiva basada en inteligencia, tecnología y cooperación internacional, con el objetivo de impedir que líderes criminales continúen operando desde cárceles nacionales.
Bajo este esquema, la SSPC reporta la detención de decenas de miles de personas vinculadas a delitos de alto impacto, el aseguramiento de cargamentos históricos de drogas sintéticas, la destrucción de laboratorios clandestinos y el golpe a las finanzas del crimen organizado.
En este contexto, la extradición masiva de criminales de alto perfil se ha convertido en uno de los ejes más visibles de la nueva estrategia de seguridad, así como en un elemento central para redefinir la relación México–Estados Unidos en materia de combate al narcotráfico.
