PODER Y CRÍTICA | REDACCIÓN | La iniciativa de reforma electoral impulsada por el Gobierno federal avanza en medio de tensiones internas y resistencia partidista, especialmente por dos temas clave: la reducción del gasto electoral y el futuro de los legisladores plurinominales. Mientras la presidenta Claudia Sheinbaum sostiene que el objetivo es abaratar los procesos electorales y cerrar el paso al dinero ilícito en campañas, el PT y el PVEM advirtieron que, sin consensos en puntos sensibles, la propuesta podría quedar detenida en el Congreso.
La mandataria expresó confianza en que sus aliados acompañarán la reforma y defendió que el eje central es reforzar la fiscalización, particularmente para evitar la infiltración del crimen organizado. Además, rechazó que el proyecto tenga tintes autoritarios y cuestionó los altos costos de las elecciones frente a otras necesidades sociales del país.
De acuerdo con los primeros planteamientos de la Comisión Presidencial, la reforma contempla reducir el presupuesto de partidos políticos y autoridades electorales, modificar el esquema de representación proporcional para disminuir la influencia de las dirigencias partidistas, fortalecer la democracia participativa, ampliar la representación de mexicanos en el extranjero y avanzar de forma gradual hacia el voto electrónico, bajo esquemas de seguridad y certeza. También se analiza revisar salarios y estructuras internas del INE, sin comprometer su autonomía.
No obstante, estas propuestas provocaron fricciones dentro del bloque gobernante. El PT y el Partido Verde fijaron límites claros: no avalar la eliminación o reducción de los plurinominales ni recortes severos a las prerrogativas. El borrador inicial plantea bajar de 200 a 100 las diputaciones plurinominales, eliminar las 32 del Senado y reducir hasta en 50% el financiamiento público a partidos. Como opción alterna, se discute conservar los plurinominales actuales y ajustar las diputaciones de mayoría relativa, con un recorte presupuestal menor.
El coordinador del PT en la Cámara de Diputados, Reginaldo Sandoval, puso en duda la oportunidad de impulsar la reforma en este momento y recordó que sin los votos de su partido no se alcanzaría la mayoría calificada. Por su parte, el senador del PVEM Carlos Ramírez Marín advirtió que no respaldarán cambios que, a su juicio, debiliten la representación de minorías o generen inequidad, aunque ambos partidos coincidieron en apoyar un mayor control del gasto electoral.
Desde la oposición, PAN y PRI adelantaron su rechazo. Acción Nacional pidió que cualquier modificación priorice el combate a la infiltración criminal y alertó sobre riesgos en la representación legislativa. El PRI calificó la iniciativa como un intento de concentración de poder y la bautizó como la “Ley Maduro”.
Especialistas también han advertido posibles impactos. El exconsejero del INE Marco Baños señaló que reducir plurinominales y financiamiento podría reconfigurar el sistema de partidos y debilitar a la oposición, además de afectar la capacidad operativa del árbitro electoral. En tanto, Arturo Espinosa Silis, de Laboratorio Electoral, consideró que el riesgo no está en modernizar el sistema, sino en disminuir la competencia y la pluralidad bajo el argumento de austeridad.
Ejes de la reforma en discusión
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Austeridad electoral: Reducción del gasto de partidos y autoridades electorales.
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Fiscalización: Reglas más estrictas para el uso de recursos en campañas.
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Representación política: Revisión del esquema de mayoría relativa y proporcional.
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Voto electrónico: Implementación gradual con garantías de seguridad.
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Justicia electoral: Procesos más ágiles y eficaces para resolver controversias.
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Fuero: Eliminación de inmunidades para gobernadores y legisladores.
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Democracia participativa: Fortalecer consultas, revocación de mandato y otros mecanismos ciudadanos.
