PODER Y CRÍTICA | REDACCIÓN | A pesar de las campañas de sensibilización sobre la igualdad y los derechos humanos, en Cancún continúan registrándose prácticas de discriminación hacia personas de origen indígena, particularmente entre la población migrante que llega en busca de empleo y mejores condiciones de vida.
De acuerdo con datos del Instituto para el Desarrollo del Pueblo Maya y las Comunidades Indígenas del Estado (Inmaya), siete de cada diez personas indígenas en Quintana Roo enfrentan algún tipo de discriminación por su origen, situación que dificulta su acceso a oportunidades laborales y educativas.
Pablo Martínez Flores, director del Centro de Atención al Migrante en Cancún, señaló que se han documentado casos en los que menores de edad no son aceptados en escuelas, así como adultos rechazados en empleos debido a su pertenencia a un pueblo originario, ya sea por sus rasgos físicos, idioma o forma de vestir.
Las cifras indican que el 24 por ciento de la población indígena ha vivido al menos un episodio de discriminación en los últimos cinco años, mientras que el 75.6 por ciento considera que las comunidades indígenas son poco valoradas por la sociedad en general.
Martínez Flores subrayó que, aunque las personas indígenas cuentan con los mismos derechos, en la práctica siguen enfrentando insultos, exclusión y escasas oportunidades laborales. Añadió que estos grupos han sido históricamente marginados en ámbitos clave como la salud, la educación, la justicia y el empleo.
“El problema se agrava por estereotipos que vinculan a las comunidades indígenas con pobreza o falta de capacidad para trabajar, lo que refuerza su exclusión tanto en espacios públicos como privados”, expresó.
El activista explicó que la zona norte del estado, especialmente Cancún, es un punto de destino para migrantes indígenas provenientes de distintas regiones de Quintana Roo, así como de Chiapas, Oaxaca y Veracruz, quienes llegan con la expectativa de mejorar su calidad de vida.
Finalmente, destacó que el Centro de Atención al Migrante mantiene coordinación con la Comisión de Derechos Humanos para canalizar quejas y denuncias, aunque recalcó que el problema requiere no solo voluntad, sino acciones institucionales concretas que garanticen el respeto y la inclusión de estas comunidades.
