PODER Y CRÍTICA | REDACCIÓN | El senador yucateco Jorge Carlos Marín sigue en la polémica por sus abusos de poder y corrupción en los diversos cargos políticos y administrativos que ha desempeña; ahora se sabe que es un acaparador de agua junto a 30 figuras políticas que tienen concesiones de agua para utilizar más de 6 millones 200 mil metros cúbicos de agua al año, que equivalen a 2 mil 511 albercas olímpicas.
Y es precisamente Jorge Carlos Ramírez Marín, quien encabeza la lista seguido por la diputada Olga Sánchez Cordero y el exjefe de la Oficina de la Presidencia, Alfonso Romo Garza. Otros servidores públicos con concesiones a su nombre son la Ministra de la Suprema Corte y exconsejera jurídica del Ejecutivo, María Estela Ríos González, así como el gobernador de Tamaulipas, Américo Villarreal, según difundió El Universal.
Ramírez Marín, senador del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), es el político con el mayor volumen de agua concesionado a su nombre, pues posee tres títulos en Yucatán por un total de 1 millón 402 mil 11 metros cúbicos anuales. Uno fue registrado en 2003 y los restantes en 2014.
El legislador asegura que el agua se destina para irrigación en su rancho “Tierra de osos”, ubicado en la comisaría de Motul, “pero hace tiempo que no tengo animales, así que casi no se riega”, dijo cínicamente ante la denuncia pública.
En otras denuncias de corrupción y opacidad del político chapulín que circulan profusamente en redes sociales se consigna que en sus últimas cuatro declaraciones patrimoniales, el senador no registró el rancho ni ningún bien inmueble a su nombre; sin embargo, en su declaración de 2015, cuando aún era titular de la Sedatu, anotó la propiedad de tres casas, un departamento y un terreno: “El hecho de que yo tenga concesiones significa que estoy legal, lo penoso y grave sería usar el agua y no reportarlo. Además, no es lo mismo tener el recurso en Yucatán que en el norte del país, donde tener agua muchas veces es cuestión de vida o muerte”, y explicó que en sus declaraciones, su propiedad no está registrada como un solo rancho, sino como varios predios.
Sin embargo el extenso rancho conocido como “Tierra de Osos”, de aproximadamente 40 hectáreas, se localiza a lo largo de la carretera Motul–Telchac Puerto, en Yucatán, entre los municipios de Ucí y Telchac.
Propiedad que adquirió cuando fue titular de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) durante el gobierno de Enrique Peña Nieto (2012-2015).
Pero el nuevo morenista agregado por la alianza con el PVEM, asegura que estas tierras fueron adquiridas entre 2007 y 2012, durante la administración estatal de la corrupta gobernador Ivonne Ortega (2007-2012). La compra se realizó a ejidatarios locales, por montos estimados entre 40 mil y 50 mil pesos, según medios regionales.
Además, se detalla que en 2014, el hijo del senador, Guillermo Jacobo Ramírez Granados, recibió alrededor de 400 mil metros cuadrados de terreno, cuando tenía apenas 19 años, cuatro meses antes de que su padre dejara la Sedatu.
Esta documentado que el rancho no solamente se extiende en superficie, sino también en su infraestructura; el predio si cuenta con cabezas de ganado, cuatrimotos, comedores con capacidad para unas 40 personas, albercas de varios tamaños y mobiliario ostentoso.
También incluye una residencia lujosa donde, presuntamente, Ramírez Marín realiza eventos exclusivos. Tampoco faltan cantinas, obras de arte, salones de fiesta, baños de lujo y personal para operar las instalaciones.
La periodista Lourdes Mendoza, colaboradora de El Financiero, hizo público el tema en redes sociales, señalando que el rancho fue una expansión de la antigua villa del cantautor Armando Manzanero, y que creció considerablemente durante la gestión de Peña Nieto.
En su tuit, Mendoza incluso critica al senador con comentarios como “Pasó de vivir en una de interés social al Club Campestre”, cuestionando la congruencia ética de un funcionario públicamente comprometido.
El pasado jueves 4 de diciembre, se expidió la Ley General de Aguas y se reformó la Ley de Aguas Nacionales. La legislación ocurrió entre polémicas, pues campesinos y agricultores de Baja California, Chihuahua, Guanajuato, y otros estados, se manifestaron para impedir su aprobación sin éxito.
La nueva legislación plantea cambios en el modelo de concesiones, prohibiendo la transmisión entre particulares y estableciendo nuevas reglas desde la Comisión Nacional del Agua (Conagua), como la reasignación de volúmenes cuando hay modificaciones en la propiedad de la tierra o se hereda.
Ayer era el ‘señor de los ranchos’ ahora es el ‘señor de las aguas’, dicen a manera de mofra los yucatecos ante las crecientes denuncias de corrupción del priista-verde-moreno.
