PODER Y CRÍTICA | REDACCIÓN | Tras ocho años de estar evadiendo la justicia y recibir protección de políticos ligados al Partido Verde, la Fiscalía de Quintana Roo tiene acorralada a Claudia Romanillos Villanueva y ha girado una nueva orden de aprehensión por su implicación en delitos relacionados con la corrupción durante su gestión en la administración del ex gobernador Roberto Borge Angulo.
El manto de impunidad que le brindaba en Quintana Roo el juez Carlos Lima Carbajal ha llegado a su fin, pues una Juez Federal de Mérida emitió una orden de captura contra Romanillos Villanueva, exfuncionaria del Instituto del Patrimonio Inmobiliario de la Administración Pública Estatal (IPAE).
Romanillos Villanueva presumía de la protección y apoyo de destacados miembros de la ‘Mafia Verde’ de Quintana Roo como el Juez Lima Carbajal; Lilian Villanueva Titular del Instituto de la Cultura y las Artes de Quintana Roo (ICA) y hasta de Paul Carrillo, ex presidente municipal de Cancún con Roberto Borge y actual Secretario de Desarrollo Económico, para evadir la justicia ya que la Fiscalía Anticorrupción de Quintana Roo la acusa de colaborar en el despojo de bienes públicos, principalmente en la transferencia de terrenos de alto valor a precios bajos, lo que causó daños patrimoniales superiores a los mil millones de pesos.
Romanillos Villanueva indiciada por presunto peculado y uso indebido de funciones públicas, ha intentado adquirir protección legal mediante nuevos amparos promovidos en juzgados de Quintana Roo pero les fueron rechazados por lo que se espera que en breve sea captura y presentada ante la justicia de este estado.
Es evidente que la exfuncionaria recibía protección de autoridades del estado, de ex compañeros de administración con Roberto Borge, y de destacados funcionarios cobijados en el actual gobierno morenistas ; la ‘Mafia verde’ movía sus tentáculos para protegerla.
Claudia actuó en complicidad con una estructura criminal encabezada por Roberto Borge, quien también enfrenta órdenes de aprehensión vinculadas a estos delitos. Además, otros exfuncionarios, como Juan Pablo Guillermo Molina, también tienen órdenes vigentes, evidenciando un patrón de impunidad y judicialización en casos emblemáticos de saqueo patrimonial.
Dentro del caso judicial en contra de Romanillos Villanueva, de detectó que beneficio a Julia Abdalá Lemus, pareja sentimental de Manuel Bartlett, director de la Comisión Federal de Electricidad (CFE).
Los actos irregulares cometidos por Romanillo por instrucciones y en complicidad con Roberto Borge, generaron carpetas de investigación por los delitos de cohecho, peculado y uso ilícito de la función pública, entre otros.
La principal imputación que se le hace a Romanillos es presuntamente utilizar el cargo para comercializar predios de gran valor a precios de remate, para favorecer a allegados políticos y familiares del exgobernador Roberto Borge Angulo.
Las denuncias fueron interpuestas por la administración del sucesor de Borge, Carlos Joaquín González, exgobernador de esta entidad y actual embajador de México en Canadá.
Claudia Romanillos Villanueva fue titular del IPAE de abril de 2011 a septiembre de 2016, durante prácticamente todo el gobierno de Borge Angulo, quien la llevó al cargo tras desempeñarse como su secretaria particular. El organismo fue extinto por Carlos Joaquín González en 2017, luego de ser considerado como el mayor símbolo de la corrupción borgista.
Su lugar como dependencia pública del gobierno del estado de Quintana Roo lo pasó a ocupar la Agencia de Proyectos Estratégicos (Agepro), cuya parte orgánica establece la administración de bienes de manera similar al funcionamiento del IPAE.
En 2016, previo a la conclusión del desastroso gobierno de Roberto Borge Angulo, actualmente preso en el estado de Morelos, Romanillos compareció ante la legislatura local.
En tal acto fue cuestionada por los diputados locales por la venta de terrenos sobre la costa a precios de 65 pesos el metro cuadrado, tal como ocurrió en Akumal, una comunidad turística de gran belleza en la Riviera Maya.
Tres años antes, en 2013, se había ejecutado la “compraventa” de un predio de 3.8 hectáreas a cero pesos a favor de Julia Abdalá, tras dejar la administración pública, el gobierno joaquinista inmediatamente presentó las denuncias en contra de ella y de diversos exservidores públicos involucrados en el desfalco del patrimonio público local.
El monto calculado por la venta de terrenos a precios muy por debajo de su costo real fue de alrededor de mil 500 millones de pesos; sin embargo, al paso de los años más irregularidades han salido a la luz pública, por lo que el daño al erario se ha visto incrementado.
Hoy la suerte parece que se le acabó y ni con toda la protección de la ‘Mafia’ Verde’ y de funcionarios corruptos del actual gobierno en Quintana Roo, impedirán su captura, sus días en libertad se agotaron. En medios digitales de Yucatán, trascendió que habrá cateos en la ciudad de Mérida donde presuntamente se refugia. Otras versiones apuntan que desde hace 5 años radica fuera de México por lo que se pedirá la ‘Ficha Roja’ para su captura por parte de la Interpol.
