PODER Y CRÍTICA | REDACCIÓN | Las comisiones unidas de Justicia y Estudios Legislativos del Senado aprobaron por unanimidad la minuta de la Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar los Delitos de Extorsión, una propuesta que busca establecer sanciones uniformes en todo el país y endurecer las penas para quienes cometan este delito.
El dictamen, que será discutido y votado en el pleno este miércoles, plantea una pena básica de entre 15 y 25 años de prisión, además de considerar la extorsión como un delito de persecución de oficio. En casos agravados —como uso de violencia, armas, suplantación de autoridades o modalidades como los conocidos “montachoques”— las penas podrían aumentar entre 3 y 17 años adicionales, alcanzando hasta 41.6 años de cárcel.
La iniciativa también contempla fuertes sanciones para servidores públicos involucrados. Las autoridades que omitan denunciar actos de extorsión podrían recibir hasta 20 años de prisión; aquellas que faciliten estas prácticas desde centros penitenciarios enfrentarían hasta 30 años, y quienes introduzcan celulares u otros dispositivos tendrían castigos de hasta 12 años, además de destitución e inhabilitación.
Javier Corral, presidente de la Comisión de Justicia, explicó que el incremento del tipo penal básico —de 15 a 25 años— busca evitar que personas actualmente procesadas por extorsión resulten beneficiadas por marcos legales más bajos en algunos estados.
El Senado incorporó 15 modificaciones a la minuta original enviada por la Cámara de Diputados, entre ellas la creación de cuerpos policiales, ministerios públicos y analistas certificados especializados en la investigación de este delito.
Durante la sesión, la senadora priista Carolina Viggiano respaldó la reforma, aunque advirtió que la legislación debe acompañarse de recursos suficientes para los estados. Recordó que la extorsión es un delito del fuero común y que, sin fortalecer a policías, fiscalías y tribunales locales, la ley podría quedar sin aplicación real. También subrayó la urgencia de ofrecer garantías efectivas a las víctimas, quienes —dijo— no denuncian por miedo y por la desconfianza hacia autoridades que, en algunos casos, están involucradas en proteger a grupos criminales.
