PODER Y CRÍTICA | REDACCIÓN | El consejero jurídico del Gobierno del Estado, Adrián Serrano, informó que cinco amparos y dos acciones de inconstitucionalidad han sido presentados contra la expropiación de los terrenos de Alejandro “Alito” Moreno en el fraccionamiento Miramar, aunque precisó que ninguno de estos recursos detiene el procedimiento legal.
Durante el Martes del Jaguar, y acompañado por la gobernadora Layda Sansores San Román, Serrano subrayó que toda persona que se considere afectada tiene garantizado su derecho de audiencia y puede presentar los alegatos correspondientes conforme a la ley.
Por su parte, Sansores reiteró que el proyecto continuará sin contratiempos, ya que el objetivo es construir la Universidad Rosario Castellanos en el predio en cuestión.
La expropiación, publicada el 29 de septiembre en el Periódico Oficial del Estado, abarca cuatro terrenos con una extensión total de ocho hectáreas, ubicados en Lomas del Castillo y el fraccionamiento Miramar.
Estos predios, registrados a nombre de Yolanda Mercedes Cárdenas Montero (madre de Moreno), Juan José Salazar Ferrer (su arquitecto) y dos particulares, fueron declarados de utilidad pública para la creación de la Universidad de la Salud, de acuerdo con un dictamen técnico-jurídico emitido el 26 de septiembre.
La mandataria estatal defendió la medida como un “acto de justicia social”, sustentado en la reforma a la Ley de Expropiaciones aprobada el 3 de septiembre por Morena y sus aliados, pese a la oposición del PRI, PAN y Movimiento Ciudadano.
Sansores añadió que el proceso contempla indemnizaciones justas, y que los amparos presentados únicamente podrían incidir en el monto de compensación, mas no frenar el avance del proyecto, que se prevé inicie en mes y medio, con el propósito de ofrecer a los campechanos una institución “digna y bellísima”.
